sábado, 9 de enero de 2010

Tragedia en Cinchona: Una emergencia de necesidades

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica entregó informe

Redacción (elpais.cr) – La Defensoría de los Habitantes recriminó algunas acciones del Gobierno de Costa Rica en la atención de la tragedia causada por el llamado Terremoto de Cinchona, ocurrido el 8 de enero del año anterior.

El siguiente es el documento completo enviado por la entidad a este medio:

A un año de acontecido el Terremoto de Cinchona, la Defensoría de los Habitantes considera necesario hacer un pronunciamiento de lo que ha sido la respuesta institucional a las necesidades de las y los afectados por la emergencia vivida. Desde el inicio de la emergencia y hasta la actualidad, La Defensoría ha dado seguimiento a cada una de las acciones emprendidas por las instituciones estatales en la atención de las necesidades de las personas afectadas.

El Terremoto de Cinchona puso a prueba el sistema nacional de gestión del riesgo con que cuenta el país, poniendo al descubierto las fortalezas y debilidades en cada una de las fases que componen la atención de una emergencia a saber: Desde la primera respuesta, la rehabilitación de servicios básicos para las y los pobladores, hasta la adecuada reconstrucción de los lugares y de las propias vidas de las personas afectadas.

Si bien es cierto, se reconoce el esfuerzo que el país ha realizado para lograr un avance significativo en el establecimiento y funcionamiento efectivo de dicho sistema, es claro que las particularidades de las emergencias que enfrenta Costa Rica (inundaciones, sismos, actividad volcánica, entre otras), ponen diariamente a prueba dicho sistema, e invita irremediablemente a su revisión, todo en aras de procurar su mejoramiento.

Así, en el caso Cinchona, el país demostró una reconocida capacidad de respuesta al primer impacto generado por la emergencia, que acompañado por la tradicional solidaridad del pueblo costarricense permitió evacuar a gran parte de las y los pobladores del lugar, asegurando su integridad.

Con posterioridad iniciaron las obras de rehabilitación, que en sus fases más complejas se encuentran en proceso aún, tales como la infraestructura vial y las obras de reconstrucción, especialmente en el tema de vivienda e infraestructura educativa.

La Defensoría llama la atención sobre los siguientes aspectos en las distintas fases de atención del evento:

Retraso en la elaboración y depuración de listas de personas afectadas, lo cual se constituyó en un requisito para que el accionar asistencial del Estado se pusiera en marcha, debido a problemas de coordinación interinstitucional y ausencia de procedimientos claros.

La falta de comités locales de emergencia con la debida capacitación, o la ausencia definitiva de los mismos, sumado al desconocimiento o a la ausencia de protocolos para la atención de emergencia de gran magnitud como la vivida, tuvo un efecto directo en el manejo de los albergues temporales, provocando desorden en la distribución de los recursos, confusión o ausencia en la información y duplicación de esfuerzos.

Se evidenció dificultad en el acceso fluido de la información por parte de la población afectada sobre el accionar del Estado y sus instituciones, hecho que provocó mayor angustia en la ya difícil situación de las familias.

En materia de infraestructura educativa se reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación para solucionar, de manera temporal, los problemas que impedían el inicio del año lectivo 2009 en los ocho centros educativos afectados por el terremoto, sin embargo esta Defensoría ha entregado un informe final con recomendaciones al Ministerio de Educación con solicitudes formales que garanticen el acceso al curso lectivo del 2010 con condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa de los distintos centros.

De acuerdo al estado de situación actual, todo pareciera indicar que en inicio del ciclo lectivo del 2010 las escuelas de Lagunilla, Fraijanes, Carrizal de Pavas y Varablanca se llevará a cabo en establecimientos temporales con las mejoras mínimas correspondientes. La Defensoría ha recibido únicamente respuesta verbal por parte de autoridades del MEP donde aseguran que se encuentra solventando técnicamente las dificultades para contar con establecimientos definitivos.

En el tema de dotación de una vivienda digna a las personas afectadas, ha quedado claro que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no tiene previsto procedimientos expeditos para casos como el acaecido, resolviendo la mayoría de las situaciones de emergencia con sus procedimientos ordinarios. Pese a ello, la Defensoría reconoce el esfuerzo importante que se ha realizado y que permitirá en los próximos días que se coloquen las primeras piedras de los proyectos habitacionales que albergarán parte de las familias afectadas. Al respecto, la Defensoría está brindando un puntual seguimiento al avance en las propuestas presentadas, así como a la atención de los requerimientos formulados por las familias afectadas.

No obstante lo anterior, la atención definitiva del tema de vivienda dista mucho de estar resuelta en un corto plazo, siendo que las necesidades planteadas han superado las previsiones institucionales de respuesta. Preocupa a la Defensoría la situación de las personas afectadas que no han podido ser incluidas en los proyectos coordinados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y que, como se había indicado, serían atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias de las que esta Institución no ha podido obtener información del avance de su situación y exhorta a la Comisión a que rinda dichos datos a la mayor brevedad posible.

Uno de los temas prioritarios es el dar seguimiento a la reconstrucción y reposición de obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra. En este particular, la Defensoría ha notado con preocupación que en los últimos meses del año 2009 se paralizaron las obras, sin haber concluido la rehabilitación de las vías públicas, ni haber brindado información a las comunidades sobre la planificación institucional para garantizar la apertura de la carretera a Sarapiquí, que tiene un efecto directo en la situación económica del sector productivo de la zona.

De igual manera, es deber de la Defensoría plantear su preocupación respecto al impacto ambiental que pueda estar generando el depósito de escombros en la remoción de tierras para la rehabilitación de la carretera que va hacia Los Cartagos y hacia San Rafael de Vara Blanca, en los ríos cercanos. En ese sentido, conviene analizar las consecuencias del daño ambiental en los cauces de dichos ríos y más aún, las posibles inundaciones o avalanchas de lodo que se podrían generar. Por lo anterior se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes informar sobre lo actuado en este campo. De igual forma, conviene se valore la necesidad de realizar una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los eventuales daños ambientales causados.

De la misma manera la Defensoría ha sido informada que las terrazas realizadas no tienen una adecuada canalización de las aguas por lo que se han identificado terrazas saturadas con problemas de deslizamiento, sobre este punto, también se ha solicitado informar cuál es el plan de trabajo definido para evitar que la vía de Vara Blanca a los Cartagos no se convierta en un área de constantes cierres de carreteras producto de los deslizamientos provocados por la inadecuada canalización de las aguas.

La prevención frente a las emergencias como la vivida en Cinchona, constituye uno de los instrumentos más eficientes y efectivos para lograr la adecuada atención de los desastres naturales. Esta Institución en sus informes, así como la Contraloría General de la República, han señalado que ha sido la falta de prevención uno de los aspectos que impactan negativamente en el sistema nacional para la atención de las emergencias.

La Defensoría considera que la prevención permanente sigue siendo la fase que mayor atención requiere como un proceso continuo y coordinado que involucra a las comunidades y al Sistema Nacional de Riesgo, el cual, como indicamos, debe fortalecerse e implementarse en cada una de las comunidades del país de manera prioritaria.

Para más detalles se puede consultar el Informe Anual de Labores del período 2008-2009, donde se analizó las condiciones generales de vulnerabilidad de Costa Rica desde la atención de desastres naturales, así como los informes puntuales sobre el terremoto de Cinchona en materia de vivienda y educación.

El tiempo pasa, las necesidades no esperan y el Estado entra en una morosidad en la protección de algunos de los derechos humanos de las personas afectadas por el terremoto de Cinchona, fundamentalmente en derechos tan importantes como el derecho a una vivienda digna, educación y seguridad humana.

(*) Oficina de Prensa, Defensoría de los Habitantes

Viernes 8 de enero del 2010

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