FUPROVI construyó viviendas a damnificadas por terremoto de Cinchona

Fuente: elpais.cr | 09/01/2010

Redacción (elpais.cr) - La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), conjuntamente con la empresa privada de Costa Rica, trabajó durante el 2009 en la construcción de viviendas para familias que perdieron todo en el terremoto de Cinchona, el 8 de enero del 2009.

La iniciativa para poner en marcha la construcción de las obras surgió a en los primeros meses del año anterior por medio de una modalidad propuesta por la Unión Costarricense de Cámara y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), y FUPROVI en la que la empresa privada podía donar recursos directamente a la Fundación para la construcción de las viviendas.

BAC-Credomatic y la Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos se unieron a la causa, indicó un boletín de prensa de FUPROVI.

Para Eloisa Ulibarri, Directora Ejecutiva de FUPROVI se ha logrado sacar la tarea, “en abril firmamos el convenio con BAC-Credomatic para la donación de recursos que hacían posible poner en pie 5 viviendas y hemos logrado más bien la construcción de 6. De igual forma el convenio con la Asociación era para construir 9 viviendas y logramos 10. Esto nos ha llevado a hacer 16 viviendas cuando en un inicio la donación era para 14, o sea que el proceso ha sido muy eficiente”.

Ulibarri aclaró que la falta de excepciones para atender los casos de emergencia fue la principal limitante para acelerar el proceso, “la tramitología exigida para poder contar con permisos de construcción es exactamente la misma que se le aplica a un caso normal, eso nos ha llevado a un camino largo pasando por todas las instancias correspondientes”.

La selección de las familias se realizó por medio de las listas de afectados facilitadas por el IMAS (Instituto Mixto de Asistencia Social) y la Comisión Nacional de Emergencias después del sismo.

Sin embargo, aclaró que los criterios de selección se basaron en apoyar a aquellas de muy bajos ingresos, que tenían menos posibilidades de ser atendidas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y contaban con un lote apto para construir.

Actualmente, 11 de las familias ya habitan sus nuevas viviendas y las 5 casas restantes están en acabados finales. El tamaño de las soluciones habitacionales es de 42 m2 y estas cumplen con los acabados y distribución básicos de una vivienda de interés social: un baño, dos cuartos, sala y comedor. En algunas viviendas se lograron acabados adicionales.

La Fundación Promotora de Vivienda cuenta con más de 22 años de experiencia en el campo de la vivienda social y el desarrollo comunitario, además, ha participado en la atención de varias emergencias a nivel nacional.

Tragedia en Cinchona: Una emergencia de necesidades

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica entregó informe

Fuente: elpais.cr | 09/01/2010

Redacción (elpais.cr) – La Defensoría de los Habitantes recriminó algunas acciones del Gobierno de Costa Rica en la atención de la tragedia causada por el llamado Terremoto de Cinchona, ocurrido el 8 de enero del año anterior.

El siguiente es el documento completo enviado por la entidad a este medio:

A un año de acontecido el Terremoto de Cinchona, la Defensoría de los Habitantes considera necesario hacer un pronunciamiento de lo que ha sido la respuesta institucional a las necesidades de las y los afectados por la emergencia vivida. Desde el inicio de la emergencia y hasta la actualidad, La Defensoría ha dado seguimiento a cada una de las acciones emprendidas por las instituciones estatales en la atención de las necesidades de las personas afectadas.

El Terremoto de Cinchona puso a prueba el sistema nacional de gestión del riesgo con que cuenta el país, poniendo al descubierto las fortalezas y debilidades en cada una de las fases que componen la atención de una emergencia a saber: Desde la primera respuesta, la rehabilitación de servicios básicos para las y los pobladores, hasta la adecuada reconstrucción de los lugares y de las propias vidas de las personas afectadas.

Si bien es cierto, se reconoce el esfuerzo que el país ha realizado para lograr un avance significativo en el establecimiento y funcionamiento efectivo de dicho sistema, es claro que las particularidades de las emergencias que enfrenta Costa Rica (inundaciones, sismos, actividad volcánica, entre otras), ponen diariamente a prueba dicho sistema, e invita irremediablemente a su revisión, todo en aras de procurar su mejoramiento.

Así, en el caso Cinchona, el país demostró una reconocida capacidad de respuesta al primer impacto generado por la emergencia, que acompañado por la tradicional solidaridad del pueblo costarricense permitió evacuar a gran parte de las y los pobladores del lugar, asegurando su integridad.

Con posterioridad iniciaron las obras de rehabilitación, que en sus fases más complejas se encuentran en proceso aún, tales como la infraestructura vial y las obras de reconstrucción, especialmente en el tema de vivienda e infraestructura educativa.

La Defensoría llama la atención sobre los siguientes aspectos en las distintas fases de atención del evento:

Retraso en la elaboración y depuración de listas de personas afectadas, lo cual se constituyó en un requisito para que el accionar asistencial del Estado se pusiera en marcha, debido a problemas de coordinación interinstitucional y ausencia de procedimientos claros.

La falta de comités locales de emergencia con la debida capacitación, o la ausencia definitiva de los mismos, sumado al desconocimiento o a la ausencia de protocolos para la atención de emergencia de gran magnitud como la vivida, tuvo un efecto directo en el manejo de los albergues temporales, provocando desorden en la distribución de los recursos, confusión o ausencia en la información y duplicación de esfuerzos.

Se evidenció dificultad en el acceso fluido de la información por parte de la población afectada sobre el accionar del Estado y sus instituciones, hecho que provocó mayor angustia en la ya difícil situación de las familias.

En materia de infraestructura educativa se reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación para solucionar, de manera temporal, los problemas que impedían el inicio del año lectivo 2009 en los ocho centros educativos afectados por el terremoto, sin embargo esta Defensoría ha entregado un informe final con recomendaciones al Ministerio de Educación con solicitudes formales que garanticen el acceso al curso lectivo del 2010 con condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa de los distintos centros.

De acuerdo al estado de situación actual, todo pareciera indicar que en inicio del ciclo lectivo del 2010 las escuelas de Lagunilla, Fraijanes, Carrizal de Pavas y Varablanca se llevará a cabo en establecimientos temporales con las mejoras mínimas correspondientes. La Defensoría ha recibido únicamente respuesta verbal por parte de autoridades del MEP donde aseguran que se encuentra solventando técnicamente las dificultades para contar con establecimientos definitivos.

En el tema de dotación de una vivienda digna a las personas afectadas, ha quedado claro que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no tiene previsto procedimientos expeditos para casos como el acaecido, resolviendo la mayoría de las situaciones de emergencia con sus procedimientos ordinarios. Pese a ello, la Defensoría reconoce el esfuerzo importante que se ha realizado y que permitirá en los próximos días que se coloquen las primeras piedras de los proyectos habitacionales que albergarán parte de las familias afectadas. Al respecto, la Defensoría está brindando un puntual seguimiento al avance en las propuestas presentadas, así como a la atención de los requerimientos formulados por las familias afectadas.

No obstante lo anterior, la atención definitiva del tema de vivienda dista mucho de estar resuelta en un corto plazo, siendo que las necesidades planteadas han superado las previsiones institucionales de respuesta. Preocupa a la Defensoría la situación de las personas afectadas que no han podido ser incluidas en los proyectos coordinados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y que, como se había indicado, serían atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias de las que esta Institución no ha podido obtener información del avance de su situación y exhorta a la Comisión a que rinda dichos datos a la mayor brevedad posible.

Uno de los temas prioritarios es el dar seguimiento a la reconstrucción y reposición de obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra. En este particular, la Defensoría ha notado con preocupación que en los últimos meses del año 2009 se paralizaron las obras, sin haber concluido la rehabilitación de las vías públicas, ni haber brindado información a las comunidades sobre la planificación institucional para garantizar la apertura de la carretera a Sarapiquí, que tiene un efecto directo en la situación económica del sector productivo de la zona.

De igual manera, es deber de la Defensoría plantear su preocupación respecto al impacto ambiental que pueda estar generando el depósito de escombros en la remoción de tierras para la rehabilitación de la carretera que va hacia Los Cartagos y hacia San Rafael de Vara Blanca, en los ríos cercanos. En ese sentido, conviene analizar las consecuencias del daño ambiental en los cauces de dichos ríos y más aún, las posibles inundaciones o avalanchas de lodo que se podrían generar. Por lo anterior se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes informar sobre lo actuado en este campo. De igual forma, conviene se valore la necesidad de realizar una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los eventuales daños ambientales causados.

De la misma manera la Defensoría ha sido informada que las terrazas realizadas no tienen una adecuada canalización de las aguas por lo que se han identificado terrazas saturadas con problemas de deslizamiento, sobre este punto, también se ha solicitado informar cuál es el plan de trabajo definido para evitar que la vía de Vara Blanca a los Cartagos no se convierta en un área de constantes cierres de carreteras producto de los deslizamientos provocados por la inadecuada canalización de las aguas.

La prevención frente a las emergencias como la vivida en Cinchona, constituye uno de los instrumentos más eficientes y efectivos para lograr la adecuada atención de los desastres naturales. Esta Institución en sus informes, así como la Contraloría General de la República, han señalado que ha sido la falta de prevención uno de los aspectos que impactan negativamente en el sistema nacional para la atención de las emergencias.

La Defensoría considera que la prevención permanente sigue siendo la fase que mayor atención requiere como un proceso continuo y coordinado que involucra a las comunidades y al Sistema Nacional de Riesgo, el cual, como indicamos, debe fortalecerse e implementarse en cada una de las comunidades del país de manera prioritaria.

Para más detalles se puede consultar el Informe Anual de Labores del período 2008-2009, donde se analizó las condiciones generales de vulnerabilidad de Costa Rica desde la atención de desastres naturales, así como los informes puntuales sobre el terremoto de Cinchona en materia de vivienda y educación.

El tiempo pasa, las necesidades no esperan y el Estado entra en una morosidad en la protección de algunos de los derechos humanos de las personas afectadas por el terremoto de Cinchona, fundamentalmente en derechos tan importantes como el derecho a una vivienda digna, educación y seguridad humana.

(*) Oficina de Prensa, Defensoría de los Habitantes

Viernes 8 de enero del 2010

Terremoto de Cinchona sacó a flote corrupción en CNE

Ex presidente de CNE debió renunciar y es investigado

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.cr) | 31/12/2009

Redacción (elpais.cr) - Con el terremoto de Cinchona, la clase política dominante en Costa Rica se vio sacudida por la corrupción reinante en la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), encargada de prevenir los desastres, y reveló fallas en sus controles del dinero y negocios entre amigos de los jerarcas.

Los efectos del sismo deben verse como una oportunidad para no cometer los mismos errores de ordenamiento y construcción, y para demostrar capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población, indicaron expertos al develar el incumplimiento del Código Sísmico.

Además, los daños generados por este sismo muestran que la falta de un ordenamiento territorial temprano, dentro de la gestión municipal, ha consolidado el riesgo de desastres frente a las múltiples amenazas naturales, de igual manera que con los controles de los negocios de los altos funcionarios de la CNE, que ocupan puestos como parte del botín político electoral.

El terremoto del 8 de enero del 2009 en la zona de Vara Blanca -Cinchona-, área en la cual al menos otros cinco terremotos han tenido lugar en los últimos 160 años. El sismo tuvo una magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter, una profundidad de 6 kilómetros y estuvo asociado a la falla local Ángel-Varablanca (Instituto de Geociencias-RSN, 2009), según el Décimo Quinto Informe Estado de la Nación.

El movimiento sísmico disparó otros dos eventos, al generar deslizamientos y flujos de lodo o avalanchas. Los daños se relacionan especialmente con los derrumbes provocados por las altas aceleraciones del suelo sobre laderas de elevadas pendientes y terrenos saturados de agua.

Los flujos de lodo se vieron descender escasos veinte minutos después del evento principal, bajando por el cañón del río Sarapiquí, el río Toro y colectores secundarios (ríos Ángel, Sardinal, Cariblanco, La Paz y María Aguilar).

También en este caso de antemano existían debilidades estructurales en materia de manejo de los riesgos. De los cantones en los que se registraron los mayores daños, solo Valverde Vega y Grecia contaban en ese momento con un plan regulador total; el de Alajuela era parcial, Sarapiquí no lo tenía y el resto -Heredia, Alfaro Ruiz, Barva, Santa Bárbara y Poás- lo estaban elaborando.

El riesgo identificado y los posibles escenarios de desastre fueron anunciados en estudios técnicos ambientales realizados para Poás por parte de la Universidad Nacional (UNA); sin embargo, debido a la etapa en que se encontraba el proceso de planificación local y a la ausencia entonces de una regulación del uso del territorio, no se había iniciado la aplicación de medidas correctivas o preventivas.

De acuerdo con expertos, en el contexto de formulación del plan regulador, los efectos del terremoto deben verse como una oportunidad para no cometer los mismos errores de ordenamiento y construcción, y para demostrar capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población, precisa el XV Informe.

Los daños generados por este sismo muestran que la falta de un ordenamiento territorial temprano, dentro de la gestión municipal, consolidó el riesgo de desastres frente a las múltiples amenazas naturales.

Precisó que estas condiciones tienen su origen en la forma en la que los diferentes actores sociales y económicos se han asentado y apropiado del territorio.

El terremoto de Cinchona dejó, según el Decretp Ejecutivo 34993, pérdidas por 280.423.069.760 colones en ocho cantones de Alajuela y Heredia, 22 fallecidos, 17 desaparecidos, unos cien heridos y 125.584 afectados indirectos, 986 albergados. Además, 755 viviendas con daño total, daños en 71 comunidades, acueductos rurales, dos Ebais (uno destruido), tres CEN (un Cen Cinai destruido), sector agropecuario (fresas, leche, otros), infraestructura y 17 escuelas.

En la CNE

El legislador por el Partido Frente Amplio, José Merino del Río, tras denunciar en la Asamblea Legislativa supuestas acciones de corrupción exigió la inmediata intervención de la CNEpara limpiarla de irregularidades y actos corruptos, en perjuicio de las personas y comunidades afectadas por terremotos, inundaciones y otras calamidades que golpean fundamentalmente a los más pobres.

La intempestiva salida, el último día de febrero, de Daniel Gallardo de la presidencia de la CNE, dijo Merino, confirma las denuncias hechas por el Frente Amplio y el Partido Acción ciudadana (PAC), sobre los malos manejos de fondos que deberían ser sagrados por los fines prioritarios a los que se destinan.

Añadió que incluso, desde la bancada oficialista que gobierna Costa Rica, por las guerras internas electorales que se desarrollan en el Partido Liberación Nacional (PLN), se denunció que Gallardo y sus allegados usaban recursos de la CNE para proselitismo político partidario.

Merino recordó que él pidió, desde el incendio de las bodegas del CNE, poco después del terremoto, y la falta de atención debida a las familias afectadas por el sismo de Cinchona y las inundaciones de la Zona Atlántica, la inmediata destitución de Gallardo, pero entonces fue protegido y respaldado por el presidente de la República y por su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.

En su momento, Merino comentó que “cada día nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción, que es una situación indignante que exige la más enérgica protesta ciudadana, pues mientras las élites político-empresariales quieren imponerle al pueblo nuevos sacrificios y recortes de derechos sociales y laborales, los de arriba roban y saquean todos los días los dineros que pertenecen al pueblo”.

En su último día de trabajo como presidente de la CNE, Gallardo sufrió el allanamiento de sus oficinas por agentes de la policía y de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de Costa Rica.

El Ministerio Público (Fiscalía) investiga presuntos delitos económicos, por parte de Gallardo, así como de la Proveeduría de la CNE, vinculada con supuestos casos de corrupción.

Gallardo renunció a su puesto después de que la prensa revelara que varias empresas vinculadas a ex clientes suyos del bufete de abogado se vieron favorecidas con contratos con la CNE.

De acuerdo con informes en poder de la Fiscalía, la CNE hizo compras millonarias, de más de siete millones de dólares (unos cuatro mil millones de colones), a al menos dos empresas de propiedad de antiguos clientes de Gallardo, antes de que este asumiera la presidencia de la CNE.

Los clientes vinculados con Gallardo son los propietarios de las firmas Tajo Chirripó S.A. y Constructora Industrial Especializada del Atlántico. El expediente Gallardo aún se encuentra en trámites judiciales.

Fuente: http://elpais.cr/articulos.php?id=17795

Comunidades afectadas por el terremoto proponen ideas al Gobierno [Nuesto País]

Comunidades afectadas por el terremoto proponen ideas al Gobierno

San José (elpais.cr) - A ocho meses del terremoto del 8 de enero del 2009, los habitantes de varias comunidades solicitaron a seis instituciones del Gobierno de Costa Rica, un informe sobre lo que ha hecho cada entidad para solucionar los problemas de los afectados.

Las entidades son el Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), Comisión Nacional de Emergencias y los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, agricultura y el de Coordinación Interinstitucional.

Sin embargo, a pesar de que la asistencia de las instituciones, citadas para una actividad a celebrarse este jueves con los afectados, estaban confirmadas la reunión fue boicoteada, y la mayoría canceló a última hora su participación y unos pocos no confirmaron su asistencia.

El terremoto no afectó únicamente a la comunidad de Cinchona, sino que afectó a mas de 70 comunidades de Alajuela y Heredia, siendo muy golpeadas: San Miguel de Sarapiquí, Cariblanco, San Rafael de Vara Blanca, Vara Blanca, Los Cartagos, Cinco Esquinas de Carrizal, Birrí, Poasito, Fraijanes, Sabana Redonda, Laguna y Dulce Nombre.

El foro contó con la presencia del jefe de fracción, el diputado Alberto Salom, el Ingeniero Franco Albarenga del Club Rotario de Escazú, Diego Moya funcionario del IMAS, Rosibel Guerrero Gerente Regional del IMAS en Alajuela y Ana Grace Fernández, Gerente Regional del IMAS en Heredia.

La primera etapa de este diálogo la dirigió Alvarenga, quien señaló los principales cuestionamientos que hacen las comunidades al trabajo desarrollado por las instituciones e hizo algunas recomendaciones a instituciones como el Ministerio de Hacienda, ya que según él, este ministerio no es transparente con lo que respecta a la compra de terrenos para las familias afectadas.

Otro de los puntos discutidos fue la construcción de viviendas, Alvarenga explicó que esa es una de las mayores preocupaciones, pues las casas destinadas para las familias son pequeñas y están mal construidas.

El ingeniero recomendó al Ministerio que planifique y estudie la situación tanto de las familias como de los suelos que utilizan.

La construcción de escuelas en las zonas afectadas es otro punto que está muy lejos de ser tratado, ya que Alvarenga indicó que no hay información de compra de terrenos para construirlas y que la única que se hizo fue la de Poasito, pues de todas formas estaba planificado su arreglo varios meses atrás.

Comentó que debido a la falta de terrenos muchas ayudas internacionales están detenidas, entre ellas 97 mil dólares, por parte de la Embajada de Japón, para la construcción de varias escuelas.

Alvarenga también denunció que la Municipalidad de Alajuela sigue cobrando impuestos de inmuebles a familias que ya no tienen propiedades debido al evento del 8 de enero.

Con respecto a la Comisión Nacional de Emergencias dijo que la institución tiene dos caras y que el ex presidente “se dedicó más a la limpieza de cadáveres y caminos que a los afectados”.

Por otra parte, como representante de las comunidades, Alvarenga dio algunas recomendaciones a varias instituciones del Estado para que la situación de estas familias mejore, entre ellas esta crear un plan de emergencia, planificar y crear rutas de evacuación, dotar a la región de centros de observación vulcanológica, reparar puentes y caminos ya que no solo se pone en riesgo a escolares que transitan por ahí sino también al turismo mismo, porque hay zonas completamente incomunicadas.

Por su parte, Diego Moya, funcionario del IMAS, explicó que desde el evento principal el 8 de enero ellos le han brindado ayuda a 1700 familias haciendo intervenciones cuando ha sido necesario.

Rosibel Guerrero, Gerente Regional de Alajuela, dijo que en la primera semana en esa región se atendieron a 1200 familias y que mucha personas de otras partes del país han tratado de aprovecharse de la situación para obtener beneficios pero que ellos se manejan con una lista oficial y por esto no se han dado este tipo de situaciones.

Guerrero explicó que ellos acudieron a albergues y hogares para ayudar a los afectados y recolectar la información.

La gerente regional de Heredia dio algunas cifras de beneficiados que en total fue de 307 familias, además de financiar cuatro proyectos de más de cuatro millones de colones para impulsar a los productores de la provincia.

Para concluir el diputado Alberto Salom agradeció al IMAS pues fue la única institución que se presentó a dar cuantas a las familias presentes, según el diputado la actitud del IMAS es digna de respeto, que es lo que merecen los afectados. También mencionó la decepción que sufrió por el boicot que varias instituciones hicieron para evitar que la reunión se diera.

Además, los participantes en la reunión lamentaron que los dos funcionarios de la Defensoría de los Habitantes que asistieron a la actividad se fueran antes de que terminara el foro.

Realidades

La mayor parte de la ayuda en las diferentes etapas de esta emergencia a muchas de las zonas afectadas, (como diarios, materiales de construcción, diagnóstico) ha venido de grupos privados organizados (Club de Leones, Clubes Rotarios y Rotaracts, Empresas privadas) y la Iglesia Católica (Caritas Internacional).

Entre los temas más urgentes planteados por las comunidades están los siguientes:

*Las zonas afectadas necesitan de un plan de emergencia, atención y evacuación

*Se necesita un replanteamiento de la distribución de materiales de construcción a los afectados.

*Se requiere la reactivación de la distribución de diarios organizada, la falta de trabajo y recursos productivos, tienen en la miseria a centenares de personas.

*Se solicita que se emita el aval que pide el IMAS para poder arrancar el proyecto de gallinas ponedoras.

*Igualmente las comunidades exigen la publicación de un informe del manejo de los fondos y contrataciones realizadas durante los primeros días de la emergencia.

*En el caso de Fraijanes, los dirigentes opinan que la lentitud del MEP expone la salud de los niños y su seguridad desde hace 8 meses, por las deplorables condiciones en que se encuentran las aulas provisionales. Aquí también las decenas de cartas sin respuesta al Ministro y sus viceministras hablan por sí solas.

*De la misma manera las comunidades y sus dirigentes reclaman que se han realizado limpiezas parciales en los caminos y ríos que ponen en peligro puentes, terrenos, carreteras y viviendas.

*Se solicitan la limpieza de los cauces a la CNE, al MINAET y a la Municipalidad de Alajuela pero hasta la fecha no ha habido resultado alguno.

*Los productores agrícolas de la zona necesitan el apoyo en lo referente a un sistema de riego para sus cultivos; los productores de fresas y demás Pymes de la zona no tienen acceso al crédito porque se les dice que no son sujetos del mismo

Las comuidades afectadas demandan además que:

*Se reduzcan los tiempos y papeleos en procura de la solución a los afectados por el terremoto.

*El IMAS debe de designar personeros a tiempo completo para atender solo estos proyectos.

*Se le debe dar mantenimiento preventivo a los puentes y en la red vial; pues de lo contrario se pone en peligro a los escolares, usuarios, habitantes y turistas que visitan la zona.

*Que el ICT se sume a la iniciativa de las comunidades en procura de reactivar el turismo en la zona.

Finalmente, le ofrecieron al Gobierno Central y al Gobierno Local la ayuda de un pueblo organizado, de asociaciones de desarrollo y cooperativas para realizar en forma conjunta los proyectos y su fiscalización. Pero se exige transparencia para evitar que los conocidos zopilotes de la vivienda lucren con la pobreza de los afectados.

Fuente: http://elpais.cr/articulos.php?id=14047