Fotocopia y lucha ¿Y después de la marcha qué?

de Juventud Revolucionaria, el El Viernes, 12 de octubre de 2012 a la(s) 10:02

•    El PLN reafirma su negativa a resellar la ley del fotocopiado, y al contrario impulsan la criminalización y represión de l@s manifestantes.
•    Tras la marcha del fotocopiado, distintas corrientes estudiantiles han guardado silencio, dan la espalda a discutir nuevas acciones de lucha y de solidaridad.
•    La policía defiende las instituciones de los ricos, por tanto no apoyamos ninguna colaboración con la represión ni la criminalización de la lucha.

El pasado martes 9 de octubre se realizó una multitudinaria protesta contra el Veto presidencial al proyecto 17342. Más de 8mil estudiantes salieron de San Pedro de Montes de Oca (del Pretil de la UCR) hacia la Asamblea Legislativa para exigir el resello de la ley de Fotocopiando para Estudiar.

Frente a la Asamblea se mantuvo una concentración desde el medio día, que fue coronada por un acto aventurero e inconsulto: trepar los muros de la asamblea con capuchas. Este acto derivó en la llegada de un grupo de 20 policías, enfrentamientos, un arrestado, una orinada sobre los diputados Villalta (FA) y Claudio Monge (PAC) y persecución contra l@s involucrad@s en la resistencia. Tras estos actos, el PLN ratifica su voluntad de oponerse en bloque al resello, y otras autoridades anuncian una oleada de criminalización contra la gente que sí se quedó luchando.

Desde la Juventud Revolucionaria no apoyamos ni nos pareció correcta la decisión la acción de un grupo que trepó los muros de la asamblea e insistió en mantenerse allí indefinidamente. Atacar a José María Villalta y a Claudio Monge en momentos que se amenazaba nuevamente con una intervención policial tampoco fue adecuado. Indagando luego nos damos cuenta que estaba todo montado: la ausencia de vallas, la entrada de un pequeño grupo provocador de policías, entre otros aspectos, fueron parte de un operativo policial premeditado para criminalizar la lucha. Por tanto, la falta de preparación logística y de objetivos concretos de la acción terminó comprometiendo la integridad y los contenidos de la protesta.

Sin embargo, repudiamos la posición de las organizaciones que han dado la espalda y han respaldado la represión señalando a los manifestantes que se mantuvieron frente a la Asamblea como “agentes externos de la movilización”. Podemos tener diferencias en el proceder de l@s compañer@s pero jamás podemos ser cómplices de la criminalización y la represión contra la gente que sí está dispuesta a seguir adelante y ampliar la lucha. Por tanto la respuesta ante la presencia policial fue una exitosa acción de legítima defensa.

Un vacío en la organización de la marcha
Desde hace una semana planteábamos una inquietud: ¿será suficiente con una marcha? No, no es suficiente, los mismos voceros y organizadores de esta lucha lo han dicho, que se debía mantener la línea de un movimiento nacional que ejerza presión, y que se deben hacer más acciones, pero ¿Cuáles? ¿Dónde, cuándo, cómo y con quién vamos a definir las acciones para ganar esta lucha?

Las distintas corrientes estudiantiles que participarán en las elecciones FEUCR acordaron convocar conjuntamente y sumarse a la convocatoria de Fotocopiando para Estudiar, lo cuál era positivo pero totalmente insuficiente. Se necesitaba amarrar más que un desfile sino un plan de lucha para revertir el veto presidencial. Un plan de lucha debe contemplar medidas de seguridad para responder adecuadamente ante la represión. Por ejemplo: Al menos tener una guía de qué hacer ante la detención de un/a compañero/a, teléfono de abogad@s colaboradores, moldes de un recurso de habeas corpus, etc.

Sin embargo, en una de las últimas reuniones de la coordinación de la marcha, la discusión central NO fue cómo fortalecer la lucha sino un debate de hora y media definiendo si marchábamos con un solo color o no (¿?). La acción de trepar la asamblea legislativa y asediar los portones fue una respuesta a este vacío. Es generalizado el sentir entre activistas estudiantiles de que las estrategias utilizadas hasta ahora (lobby político, marchas) no han ayudado a unificar luchas ni han dado los frutos esperados. Por tanto debemos procurar espacios para hacer un balance y redefinir estrategias en esta lucha.

Ante la represión: Solidaridad y lucha
Víctor Emilio Granados, presidente de la Asamblea Legislativa, ha salido a denunciar en prensa que han identificado al menos a 30 “revoltosos”, y con el avance de la investigación de los videos de seguridad, podrían identificar a un total de 80 manifestantes.

• Ninguna colaboración con las autoridades represivas del estado: Hacemos un llamado a las autoridades universitarias de la UCR y la UNA a NO patrocinar la identificación y acusación contra cualquier estudiante.
• Ni una sola sanción penal contra l@s luchadoras/es sociales: Emplazamos a todas las corrientes del movimiento estudiantil a hacer suya la campaña por la liberación sin cargos de Gian Carlo Espinoza, quien es objeto de un Juicio Abreviado, y contra las denuncias interpuestas en el Ministerio Público, entre las denuncias ya reportadas se está acusando a Luis Salas Sarkis, reconocido luchador social que puso a disposición de la protesta una tumbacocos.
• VETO al gobierno corrupto y represor: La ley aplica dura para la gente que lucha, pero no aplica para los políticos corruptos y los empresarios explotadores. Recordemos que las familias del Asentamiento Guadalupe de Liberia presentaron una denuncia penal contra la Presidenta de la República, contra el Ministro de Seguridad y la delegación de la zona por ejecutar desalojos y reprimir basados en decretos y ordenes falsas para proteger los intereses de los terratenientes.
• A quienes luchan se les defiende luchando: Urge definir un plan de lucha y una agenda amplia que unifique los esfuerzos contra el gobierno: Contra la privatización del conocimiento ¡Abajo la ley 8656! Contra los recortes y los préstamos del Banco Mundial que comprometen a la U pública, a la CCSS y a todos los servicios públicos. Solidaridad de las luchas nacionales y regionales porque con el mismo garrote que nos quieren dar a l@s estudiantes le han dado a Medio Queso, al asentamiento Guadalupe, a la lucha de los muelleros en Limón, y la Caja.

El libre comercio nos pasa la factura con leyes privativas como la de la propiedad intelectual, con cuestionados préstamos como los del Banco Mundial, y el gobierno y demás jerarcas se han vuelto cómplices en el endeudamiento y deterioro de los servicios públicos. Debemos organizarnos para luchar contra la aplicación de los planes privatizadores del gobierno, contra los recortes que nos afectan a todos y todas, por el derecho de una Universidad al servicio del pueblo.

Gian Carlo Espinoza y otr@s manifestantes están siendo objeto de la criminalización de la lucha social. Urge la solidaridad y denunciar que la ley aplica dura para la gente que lucha, pero no aplica para los políticos corruptos y los empresarios explotadores...

Fuente: https://www.facebook.com/notes/juventud-revolucionaria/fotocopia-y-lucha-y-despu%C3%A9s-de-la-marcha-qu%C3%A9/289624294480776

Juzgado podría dictar sentencia contra un detenido por los disturbios en el Congreso

NOTICIAS RELACIONADAS

• Congreso debe invertir más de ¢6 millones para reparar daños por disturbios en manifestación
• Presidente del Congreso podría tomar acciones legales contra jóvenes que apedrearon Asamblea
• UCR desconoce si estudiantes de la institución participaron en disturbios en el Congreso
• Desorden en las afueras del Congreso se trasladó al Plenario con discusión de dos diputados

Juan Manuel Vargas

11 de Octubre de 2012.

Publicado a las 17:42:18 | Actualizado a las 20:08 pm

Los actos violentos podrían significarle una condena por el delito de resistencia a un joven de apellido Espinoza.

El estudiante universitario se expone a una sanción mínima de un año de cárcel. A él se le detuvo por los hechos ocurridos en el Congreso y un Juzgado de Flagrancia es el encargado de su caso.

Y es que la Fuerza Pública espera llevar al menos a otras diez personas más ante los Tribunales por estos disturbios.

Por tal razón presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) denuncia por lo ocurrido. La acusación es soportada por vídeos, fotografías y testimonios de los efectivos.

Aun así, Fuerza Púbica no detiene su propia investigación para individualizar a los responsables.

Las autoridades policiales defienden su accionar y no consideran que se haya subestimado la marcha.

Fuerza Pública reportó daños por millón y medio de colones a raíz de los actos violentos.

Fuente: Telenoticias.

¿De qué tenemos que pedir perdón? El Derecho a la Desobediencia Civil

de Digna Rabia, el El jueves, 11 de octubre de 2012 a la(s) 19:23

Dedicado a todas aquellas que se siguen yendo a dormir soñando con la fábula del “labriego sencillo”, ese personaje que por amor a la paz (esa misma en nombre de la cual se masacran Pueblos enteros) y a la democracia (que ha sido usurpada por una Dictadura Mundial del Capital) acepta con resignación la humillación y explotación de cada día, dándole, además, muchas gracias a su patrón.

Henry David Thoreau, anarquista,

teórico de la Desobediencia Civil.

«Cuando el pueblo está oprimido, cuando ya no le queda más que a sí mismo, sería un cobarde quien no le dijese que se levantase. Cuando todas las leyes han sido violadas, cuando el despotismo ha llegado al límite, cuando se pisotea la buena fe y el pudor, entonces el pueblo ha de rebelarse. Ha llegado el momento». Robespierre, Liberal, Revolucionario Francés, Teórico del Derecho Monderno.

SOBRE LA PROTESTA POPULAR Y EL RESPETO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

La desobediencia civil es uno de los conceptos fundamentales de una democracia, ya que permite a los pueblos rebelarse contra las leyes, instituciones y gobiernos que consideran injustos.

El fundamento de la desobediencia civil descansa en que así como no es correcto desobedecer una norma justa, tampoco lo es obedecer una que es injusta, el cual es uno de los más altos deberes morales y políticos de ser humano.

Y es que una sociedad no puede someterse irracionalmente a la mera legalidad, más que una lealtad a la constitución y a las leyes, las personas deben atenerse a los principios éticos que fundamentan la democracia y que se supone, son la base de toda la legalidad y no al contrario.

Con este fundamento, la desobediencia civil y la resistencia política pueden verse como actividades cuyo objetivo es la defensa de las normas éticas que sostienen la democracia, así como también pueden ser vistas como una forma en que la sociedad puede participar efectivamente en el proceso de su continuo mejoramiento (Ciertamente todas las garantías y derechos que hoy en día defendemos son el resultado de una larga lucha de las generaciones anteriores).

En ese sentido, “la constitución no debería ser lo que la Sala Cuarta dice que es, sino más bien, lo que el pueblo considera que debe ser”.

Respecto de los métodos de lucha que caben dentro de la desobediencia civil, es de gran importancia recalcar que uno de sus requisitos fundamentales es el apego a los principios de la resistencia pacífica, en tanto la violencia política, que suele expresarse como violencia estructural y militar, es colocada por el desobediente como monopolio del Estado y de la casta político-empresarial que lo controla.

A pesar de eso, vale la pena aclarar, que esto no implica de ninguna manera, que quienes abogan por la desobediencia civil, renuncien de igual manera a todas aquellas formulas de resistencia que de alguna forma implican la posibilidad de un conflicto físico entre sujetos, o de algún tipo de menoscabo tanto para quienes desobedecen como para quienes traten de impedirlo, tal y como sucede cuando la o el desobediente se defiende de la represión y la violencia de que es objeto. En esto casos, es totalmente inadecuado hablar de violencia política, en tanto no se busca, e incluso se rechaza, solucionar el conflicto existente mediante la puesta en entredicho de la vida humana.

A continuación, se transcribe parte del análisis que nos ha llevado a respaldar el recurso de la desobediencia civil como estrategia de oposición legítima frente al gobierno terrorista y tiránico de los Arias.

Fundamentación de la desobediencia civil y del derecho de resistencia

Si bien las y los juristas nacionales desconocen, o han evitado, el análisis de la desobediencia civil como derecho de resistencia, en otras latitudes este tema ha sido muy estudiado, llegándose incluso a afirmar que representa “una prueba del grado de tolerancia y de salud de una democracia avanzada y dinámica”.

A pesar de la gran cantidad de opiniones al respecto, se puede decir que la desobediencia civil consiste en la negación de ciertos contenidos de la legalidad, tales como leyes, políticas o gobiernos, en tanto se consideran violatorios de principios superiores, dignos de un acatamiento más estricto. La desobediencia civil sería en este sentido, el último recurso de que dispone un individuo o grupo de individuos, para enfrentarse a esa norma o institución considerada injusta, sobretodo si se considera, que se han agotado todos los mecanismos amparados por la legalidad. Así como no es correcto desobedecer una norma justa, tampoco lo es obedecer una que es injusta, principio no solamente legítimo, sino también, que se constituye en uno de los más altos deberes morales y políticos de ser humano.

Cuando se menciona la existencia de principios superiores a la mera legalidad, más que de una lealtad a la constitución y los instrumentos de derechos humanos, se está refiriendo a los principios éticos mismos que fundamentan la democracia, los cuales ha sido asumidos por sus instituciones y ordenamientos jurídicos. Es por esto que también puede afirmarse, que la desobediencia civil y algunas manifestaciones de resistencia política que no entran bajo ese concepto, pretende la defensa de las normas constitucionales junto con participar en el proceso de su continuo mejoramiento. John Rawls escribe: “la constitución no debería ser lo que el Tribunal Supremo dice que es, sino más bien, lo que el pueblo considera que debe ser”.

En ese sentido, la constitución y el ordenamiento jurídico no son algo acabado y estático, sino que como la democracia misma, deben ser continuamente perfeccionados en su adecuación a la realidad. Desde esta perspectiva, y en ausencia de mecanismos legales que permitan la participación popular en dicho proceso, la desobediencia civil adquiere un parentesco notable con conceptos como el de soberanía popular o el de poder constituyente, con los cuales comparte sus presupuestos fundamentales: el principio político democrático, según el cual, corresponde al pueblo el ejercicio del poder constituyente; y el principio de la supremacía constitucional, por el cual la constitución obliga de igual manera a gobernantes y gobernados.

Quienes se niegan a aceptar tajantemente esta afirmación, suelen olvidar el origen histórico de la autoridad del Estado, asumiendo por el contrario, que este es una característica natural de toda sociedad humana, al igual que lo es, la obligación de aceptar el imperio de la institucionalidad democrática formal. Al dejar de lado la cuestión de cómo llegó el Estado a adquirir su autoridad sobre el individuo, se trata de ocultar el hecho de que los medios materiales con que el Estado se sostiene, son producidos enteramente por la sociedad sobre la que se impone, eso, sin tomar en cuenta la cuestión de la manera en que se ha apoderado de dichos medios. En el fondo, la desobediencia civil replantea esta problemática, al tratar de resolver si una determinada ley o política es legítima o no lo es. De igual manera, los liberales tratan de olvidar, que fue mediante barricadas, huelgas y movimientos populares, que logró instaurarse la institucionalidad que ahora ellos defienden con la legalidad.

Respecto de los métodos de lucha de la desobediencia civil, es de gran importancia recalcar que uno de sus requisitos fundamentales es el apego a los principios de la resistencia pacífica, en tanto la violencia política, que suele expresarse como violencia estructural y militar, es colocada por el desobediente como monopolio del Estado y de la casta político-empresarial que lo controla. Vale la pena aclarar, que esto no implica de ninguna manera, que quienes abogan por la desobediencia civil, renuncien de igual manera a todas aquellas formulas de resistencia que de alguna forma implican la posibilidad de un conflicto físico entre sujetos, o de algún tipo de menoscabo tanto para quienes desobedecen como para quienes traten de impedirlo, tal y como sucede cuando la o el desobediente se defiende de la represión de que es objeto. En esto casos, es totalmente inadecuado hablar de violencia política, en tanto no se busca, e incluso se rechaza, solucionar el conflicto existente mediante la puesta en entredicho de la vida humana.

Argumento utilizados para descalificar el recurso a la desobediencia civil

Frente a la anterior caracterización de la desobediencia civil como medio legítimo de participación política, se suelen utilizarse dos argumentos: 1) la necesidad de un orden para que la convivencia sea posible y 2) el carácter democrático de la ley o política que se rechaza.

El argumento de la preservación del orden como razón para obedecer las leyes, normalmente se basa en la idea de que si el cumplimiento de las leyes queda al arbitrio de los ciudadanos, pronto se impondría la ley del más fuerte, resultando imposible una convivencia ajustada a los derechos fundamentales. Pero este argumento esconde una falacia, pues concluye que con el solo hecho de que las y los ciudadanos ajusten su conducta a la ley, por consiguiente, se tiene asegurado que no se darán los excesos individuales. Contradictoriamente, las y los funcionarios y autoridades estatales respetuosos de la legalidad, en muchas ocasiones han aprovechado su posición para beneficio personal y de la misma forma, en los regímenes autoritarios, las y los ciudadanos observan la ley, incluso mejor, que lo que lo hacen las y los ciudadanos de los regímenes democráticos.

Respecto del carácter democrático de la legalidad, podemos decir que en sentido estricto, un individuo o grupo de individuos, solo ficticiamente pueden encarnar la voluntad de la mayoría, y en ese sentido, únicamente la voluntad de la mayoría real, podría asegurar la no intromisión de los intereses individuales en el establecimiento de las leyes y políticas públicas. Máxime, cuando aún no conocemos de algún mecanismo de control, que asegure que las decisiones que se toman en el gobierno consideran exclusivamente la voluntad de la mayoría.

De acuerdo con lo anterior, la manera en que los gobiernos toman las decisiones en las democracias formales, únicamente puede ser calificada como arbitraria, y el orden que generan, como un orden que no sólo no es garantía contra la arbitrariedad individual, sino que es garantía de esta.

El orden que emana de las democracias liberales, será en principio un orden legítimo, pero eso no significa, que no existan en él normas jurídicas que sean inconstitucionales o injustas, y que se deban cambiar. La desobediencia civil se presenta así, como una forma legítima de participación política, una forma de participación, más efectiva y responsable, que la elección periódica del candidato de turno, impuesto por alguna cúpula partidista.

Legitimación histórica del derecho de resistencia y la desobediencia civil

Fue con las primeras constituciones modernas, que el derecho de resistencia empezó ha ser reconocido como elemento fundamental de la democracia. Así por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, adoptada por el Congreso Continental de Filadelfia el 4 de julio de 1776, establece:

"Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos, se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad...Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad".

En este mismo sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, que luego inspiró la Constitución Francesa de 1791, declara en su artículo II: “La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”.

En consecuencia, las anteriores declaraciones; hoy consideradas hitos en la historia de los derechos humanos; reconocen que la insurgencia es legítima cuando un gobernante desconoce las reglas del juego en su ejercicio del poder y pasa a ser un agresor injusto del pueblo.

También la Iglesia Católica se ha referido al respecto. En 1937, Pio XI, en su Encíclica “Firmissimam Constantiam”, manifiesta: "...Cuando llegara el caso de que (los) poderes constituidos se levantasen contra la justicia y la verdad hasta destruir aun los fundamentos mismos de la autoridad, no se ve cómo podría entonces condenarse el que los ciudadanos se unieran para defender la nación y defenderse así mismos con medios lícitos y apropiados contra los que se valen del poder público para arrastrarle a la ruina”

Incluso el Concilio Vaticano II parece admitir la legitimidad de la desobediencia al proclamar: "Cuando la autoridad pública, rebasando su propia competencia, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica”.

En la actualidad, el filósofo francés Emmanuel Mounier, ha trabajado extensamente el tema, opinando al respecto: "Si ningún cristiano puede combatir el poder establecido por ambición personal o por gusto, hay un momento en que esta sumisión de hecho, según la tradición teológica, ya no es un deber para los gobernados. Es aquél en que el régimen se convierte en tiránico, es decir, en que el soberano, en lugar de gobernar en vistas al bien común, lo hace en vista de su propio bien privado" .

La desobediencia civil en los derechos humanos

En relación con los derechos humanos, debemos mencionar como de especial importancia la “Declaración de Argel o Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos”, promulgada el 4 de julio de 1976 por los pueblos del Tercer Mundo, que dice en su artículo 28: "Todo pueblo, cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados, tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso de la fuerza".

Continuando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948, y de la cual Costa Rica en signataria, establece en el considerando tercero de su preámbulo: "Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho,a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión...". De acuerdo con esto, lo que caracteriza a un régimen de derecho, es precisamente la protección que su ordenamiento jurídico brinde de los derechos humanos, previniendo y reprimiendo su violación. Cuando este principio es desconocido por las propias autoridades, incluso si cuentan con el apoyo de la legalidad, deja de cumplirse la primera y principal finalidad de la comunidad política.

Escritor, anarquista y filósofo estadounidense, Henry David Thoreau, es también el creador de la desobediencia civil. En 1846, Thoreau se negó a pagar impuestos debido a su oposición a la guerra contra México y a la esclavitud en Estados Unidos, por lo que fue condenado a prisión. De este hecho nació su tratado “La desobediencia civil”. En este texto se declara uno de los conceptos principales de su ideología: la idea de que el gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle, llegando a tal punto que propone la abolición de todo gobierno, una ética contraria a la capitalista y burguesa y se declara enemigo del Estado. Su obra y su ejemplo mantienen todavía una fuerte influencia en los movimientos en defensa de los derechos civiles.

Mahatma Gandhi utilizó la desobediencia civil en la India, siendo ésta todavía una colonia del imperio británico, con el objetivo de lograr la independencia. Su formulación de la desobediencia basada en la “satyagarha” (fuerza de la verdad) es simple: El punto de partida es la tolerancia, pero si el “satyagarha”está seguro en su alma y es consciente de que una ley, o el conjunto del poder, son radicalmente injustos, y que someterse a ellos será contrario al honor y a la dignidad humana, sólo entonces, recurrirá a la prueba de la fuerza. Sobre este razonamiento, Gandhi llamó a boicotear al gobierno colonial inglés, mediante huelgas, movilizaciones y violando la autoridad impuesta, con el objetivo de mostrar que de manera pacífica obtendrían mejores resultados que con la violencia, en donde la superioridad de los ingleses aplastaba cualquier lucha armada. Gandhi nunca llegó a recibir el premio Nobel de la Paz, aunque fue nominado cinco veces entre 1937 y 1948. Décadas después, sin embargo, el Comité que administra el premio Nobel declararon la injusticia de tal omisión.

Martín Luther King, uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, también utilizó la desobediencia civil como principal método de lucha contra el racismo. Impulsaba a sus seguidores a rebelarse contra las leyes racistas, las cuales consideraba intrínsecamente injustas, así como contra cualquier otra que contribuyera con la segregación de los afroamericanos. Martín Luther King obtuvo el premio Nobel de la paz en 1964. Un año antes había escrito su obra más célebre: Carta desde la Cárcel Birmingham, en respuesta a aquellos que criticaban la infracción deliberada de las leyes segregacionistas. La cuestión básica a que aludía la carta era cómo podía abogar por la obediencia a algunas leyes y al mismo tiempo llamaba a desobedecer otras. Su respuesta es que quien infringe una ley injusta por así dictárselo su conciencia, está en realidad expresando el mayor respeto hacia el derecho.

Finalmente, incluso juristas de gran renombre se han pronunciado sobre el carácter de deber y de derecho que tiene la resistencia al oprobio. Así por ejemplo, Enrico Pessina afirmó: "Hay momentos en la historia en los que no solamente es lícito, sino obligatorio, tomar las armas contra el poder social que traiciona su misión; y la revolución se convierte en necesidad imprescindible para un pueblo oprimido que debe dignificarse, sea expulsando a dominadores extraños, sea pisoteando el yugo de una casta que pisotea en lo interno las sacrosantas normas de derecho".

Fuente: https://www.facebook.com/notes/digna-rabia/de-qu%C3%A9-tenemos-que-pedir-perd%C3%B3n-el-derecho-a-la-desobediencia-civil/491927784165402

Ministerio de Seguridad denuncia a unos 11 sujetos por disturbios en Asamblea Legislativa

Policía solo logró identificar a una persona quien fue detenida y liberada ayer con medida cautelares    

María Cuesta B. Colaboradora 12:35 p.m. 11/10/2012

San José (Redacción). El Ministerio de Seguridad Pública denunció a unos 11 sujetos por los disturbios ocasionados este martes frente al edificio de la Asamblea Legislativa, tras la marcha contra el veto de la ley de fotocopiado.

Imagenes/Fotos

Los sujetos lanzaron piedras luego de la marcha, de este martes, y quebraron parabrisas de vehículos.  + MULTIMEDIA

El viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, entregó esta mañana la denuncia, ante el OIJ, por delitos de resistencia a la fuerza pública, lesiones a los agentes y daños a la propiedad privada, así como, al edifico de la Asamblea Legislativa.

Hasta el momento, la policía solo ha identificado a uno de los sujetos quien fue detenido este martes, luego de la marcha, y puesto en libertad ayer por la tarde con medidas cautelares, como firmar diariamente en el primer Circuito Judicial de San José.

Sobre los demás sospechosos, Gamboa explicó que entregó varios videos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). “Tenemos varias capturas de video para que las personas sean identificadas”, indicó.

El Viceministro agregó que ocho agentes de la Fuerza Pública permanecen incapacitados porque sufrieron lesiones en el altercado, donde algunos sujetos lanzaron piedras contra la policía.

Además, Gamboa cifró en ¢1,4 millones los daños causados al “patrimonio de la Fuerza Pública”, lo anterior sin contabilizar los destrozos causados al edificio de la Asamblea Legislativa.

“Serán los tribunales de Justicia lo que determinarán la responsabilidad y verán la ilegalidad o no de esta actuación”, concluyó Gamboa.

Fuente: La Nación.

PLN califica de error su voto a ley de fotocopiado

Proyecto VETADO POR CHINCHILLA

Posición de los verdiblancos entierra intento de resello de bancadas opositoras

Jefe liberacionista resalta que presidenta ‘revisa’ la labor de los diputados

Discusión entre los diputados Annie Saborío y José María Villalta

+ MULTIMEDIA

         

Esteban A. Mata emata@nacion.com 12:00 a.m. 11/10/2012

El jefe de fracción del PLN, Fabio Molina, dejó claro ayer que su bancada no apoyará el resello para revertir el veto a la despenalización del fotocopiado y afirmó que el voto que tres meses atrás dieron los verdiblancos al plan fue “un error”.

Video

Imagenes/Fotos

Discusión entre los diputados Annie Saborío y José María Villalta

Ver fotos

“Errar es de humanos. Acepto que cometimos un error, pero, además, el veto se encuentra dentro de las facultades de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, y permite un equilibrio entre los poderes”, expresó el legislador.

Tres semanas atrás, Chinchilla vetó el proyecto de ley que había aprobado la Comisión Plena Segunda del Congreso con el apoyo de los diputados de Liberación Nacional (PLN), al considerar innecesaria una aclaración a las leyes de propiedad intelectual.

El proyecto plantea eliminar las multas de hasta 500 salarios base (cada salario base es de ¢360.000) y las penas de cárcel de hasta 5 años para quienes violen los derechos de autor.

La Casa Presidencial señaló que el proyecto no es necesario, porque las leyes de propiedad intelectual no castigan a los estudiantes.

El Poder Ejecutivo anunció que trabaja en un decreto para aclarar la protección a estudiantes.

Sin embargo, la decisión de la presidenta generó el malestar de grupos estudiantiles y empresarios que se dedican a la actividad del fotocopiado.

Esta molestia se tradujo en la marcha multitudinaria que acabó en un zafarrancho el martes, cuando estudiantes y empresarios exigieron a los diputados que se “reselle” el proyecto de ley.

¿Qué es un resello? El resello es la figura mediante la cual el plenario legislativo puede anular el veto presidencial y dar firmeza a una ley a contrapelo del Poder Ejecutivo.

De momento, diputados de las bancadas de Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Frente Amplio apoyan que el Congreso reselle el plan.

Sin embargo, para el resello son necesarios 38 votos, un número que la oposición no logra alcanzar sin el apoyo del oficialista PLN.

Ayer Molina dejó claro que ese apoyo no se va a dar.

“Los diputados debemos saber que nuestras acciones son revisadas no solo por la Sala IV, sino por la presidenta de la República”, agregó el alajuelense Molina.

La decisión verdiblanca de aceptar el veto presidencial aun en contra de su posición inicial recibió la crítica de diputados opositores.

“Lo que pasa es que la fracción sigue la línea del Gobierno y, lamentablemente, el Gobierno responde a los intereses de las cámaras, que están en contra de la ley”, se quejó el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

Fuente: La Nación.

10 sospechosos por zafarrancho en marcha pro fotocopiado

Escrito por: Redacción ameliarueda.com,  el jueves, 11 de octubre de 2012.  Clasificado como Lo Ultimo,Portada 

Por: Gustavo Fallas Marín

El Ministerio de Seguridad presentó esta mañana una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial, contra los manifestantes que provocaron un zafarrancho en la marcha en pro del fotocopiado que se dio el pasado martes en las afueras de la Asamblea Legislativa.

Según el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, presentaron videos donde podrían identificarse fácilmente a unas 10 personas que estuvieron involucradas.

Los delitos que interpusieron en la denuncia son: resistencia a la autoridad y  daños a la propiedad.

Gamboa agregó que están solicitando que se le de parte a la Procuraduría General de República, para que como abogado del Estado, procure el resarcimiento del daño provocado.

Los daños que registró la Fuerza Pública ascienden a un monto de ¢1,5 millones, indicó Gamboa.

Con respecto al sujeto detenido, el viceministro dijo que se identificó ante la policía como estudiante de la Universidad Nacional y este jueves un Tribunal de Flagrancia decidirá que pasará con él.

Randall Otárola, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional confirmó que ese mucho sí es estudiante de la UNA.

David Hernández, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) manifestó que evidentemente en esa marea de gente es imposible que los infiltrados fuesen los únicos que estuvieran cerca de lo acontecido.

Hernández agregó ese compañero está con el apoyo legal de la UNA y UCR y que todo esto se ha convertido en una cortina de humo para olvidar el tema de la Ley de Fotocopiado.

Fuente: Amelia Rueda.

Los ojos de Gary Gilmore

Autor: David Eduarte

Gary Gilmore fue un tipo cuyo único logro en la vida había sido cometer el homicidio de dos personas y haber sido ejecutado por el estado de Utah por ello. Su ejecución sirvió para que Norman Mailer escribiera, unos años después, “La canción del verdugo”, que fue publicada en 1979 y que ganó un premio Pulitzer ese mismo año. Billetes van, billetes vienen, posteriormente tuvo dos adaptaciones cinematográficas para televisión, una de ellas protagonizada por Tommy Lee Jones. Sin embargo, en ninguna de esas adaptaciones se narra el hecho de que Gilmore era, a pesar de ser un homicida, un donante de órganos. Sus corneas fueron posteriormente trasplantadas a otras dos personas.

Esto no paso por alto para una banda semioscura de punk inglés The Adverts. Gary Gimore‘s eyes es, de algún modo, la canción que siempre he querido escribir como un cuento. Un tipo se despierta en la camilla de un hospital y se da cuenta de que hay algo mal, que su mirada tiene algo diferente, algo que no le gusta nada pero que de cierto modo le atrae; las enfermeras lo ven con miedo, su comportamiento es errático y enojado. Ahí es cuando recuerda que Gary Gilmore fue ejecutado, y que Gary Gilmore era donante de órganos. Está viendo a través de los ojos de Gary Gilmore, el asesino, ve y entiende el mundo como un psicópata como alguien “malo” y entiende, después de una vida de normalidad y buena ciudadanía, esa maldad. Los ojos reciben mensajes y los envía al cerebro, dice la canción, y concluye que no hay garantía para que el estímulo sea tomado de la misma forma.

Uno a veces siente estar  condenado a repetir alguna acción eternamente. Bioy Casares lo dice magistralmente en su cuento “La trama celeste” cuando habla de los vuelos de prueba que realizaba el aviador Irineo Morris, quien decía que tanto había realizado esos vuelos de prueba que, inevitablemente, llegó a realizar uno sólo. Para mi esta acción eterna y única parece ser el que, cada vez que algún anarquista decide taparse la cara e ir a una manifestación, deba yo escribir algo al respecto.

El pasado nueve de octubre se realizó una marcha estudiantil en contra del veto presidencial al proyecto de ley 17342, conocido popularmente como “ley de fotocopiado”. Hubo antimotines, pasamontañas, pichazos y pedradas. Por supuesto, posteriormente corrieron los videos en los noticieros y los reportajes de periodistas que aparentemente consideran que “Anarquía” es un nombre propio de una organización, que remite a todas las películas de acción malas que se han hecho, y no una posición política que está presente en la historia occidental desde principios del siglo XIX. Eso es de esperarse, billetes van y billetes vienen, hay que hacer un reportaje que venda, ojalá que venda algo vaciado de contenido, o cualquier cosa que parezca información, y solo ofrezca miedo y moralina. Especialmente moralina.

La política y la vida social costarricense han estado cruzadas, desde principios del siglo pasado -pasando por las reformas sociales de la década de 1940 y la instauración de la segunda república, y  hasta nuestros días- por tres ideas básicas: moderación, verticalidad y paternalismo.

El proceso de construcción política y social del “ser costarricense” representa la idea de la moderación política en contra de cualquier tipo de radicalismo. Acá nunca existió el Partido Comunista, ni hubo sindicatos anarquistas, existió Vanguardia Popular, trabajadores honestos amigos del Dr. Calderón y de Monseñor Sanabria, desprovistos de toda carga ideológica radical, un “comunismo a la tica” que no era violento, sino civil, que no tenía protestas sino desfiles del primero de mayo. Claro, a la espera de una central obrera como la Renum Novarum que los sacará de las garras de la violencia y el ateísmo y los llevará por el sendero de la cooperación patronal y la moderación. Todos lo vimos en los libros de texto de la escuela, la foto de los tres “caudillos” Calderón,  Mora y Sanabria sentados sonrientes en el jeep, como amigos que van de paseo, depositando la grandeza de sus ideas en el pueblo que solo esperaba ansioso lo que su visión pudiera ofrecer. No se está cuestionando la importancia histórica y social de las garantías sociales, simplemente se señala la percepción vertical y paternalista de estas medidas y la asimilación del epígrafe “a la tica”. Características que cruzarán transversalmente cualquier tipo de acto político, oficial o no oficial, en Costa Rica a partir de ese periodo.

Es por eso que no sorprende ver sectores del mismo movimiento estudiantil pidiendo que sus compañeros de aula sean entregados, por el mismo movimiento, a las autoridades. Por eso no sorprende tampoco ver un diputado acusando a estudiantes de ser agentes pagados por la Dirección de Inteligencia y Seguridad y luego ver, en el mismo segmento de noticiero, a un supuesto “líder” del movimiento estudiantil decir que se seguirá coordinando con el Ministerio de Seguridad para futuras marchas. No sorprende, solo preocupa.
Ahí es donde entran los ojos Gary Gilmore. Los ojos reciben estímulos, pero no hay garantía de que el cerebro lo interprete de igual manera. Porque los mismos sectores que romantizaron en algún momento la “Primavera Árabe”, el EZLN o las protestas europeas en general cuando ven el mismo encapuchado frente a la Asamblea Legislativa de su país piden a gritos que la policía se los lleve y, ojalá, los encarcele. Niegan que sean estudiantes, seguramente son infiltrados, policías, lo mejor que se puede hacer es coordinar con la policía para que esto no suceda de nuevo.

De pronto solo ven esos ojos, que es lo único que muchas veces se puede ver por la máscara, enojados, o quizás divertidos, alegres, y eso da más miedo, los pone más intranquilos: así no es un costarricense, esta no es una manifestación “a la tica”, el orden debe volver. Me pregunto qué harían si algún día despiertan y sienten que algo no anda bien, la gente los mira asustados y señalan a su oficial de policía más cercano que están ahí, me pregunto qué harían si un día de estos despiertan con los ojos enojados.

Fuente: http://www.revistapaquidermo.com/archives/6848