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lunes, 8 de agosto de 2011

Continúa investigación de irregularidades en Nueva Cinchona

• Funcionarias de la CNE comparecen esta semana

Redacción

Diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público continúan esta semana su investigación.

El lunes comparecerá la funcionaria que no se presentó la semana anterior y el jueves será la presidenta de CNE quien responda por supuestas irregularidades en Nueva Cinchona

Los funcionarios Charbel Seca y Sergio Escamilla ingenieros de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) se acogieron, el jueves anterior, al derecho constitucional de no brindar declaraciones en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Ambos funcionarios fueron llamados a comparecer para referirse a supuestas irregularidades en la planta de tratamiento que se construyó en Nueva Cinchona y cuyos planos firmaron ellos.

Faltó en el grupo la ingeniera Sady Alvarado Ramos, quien justificó su ausencia por medio de una carta en que manifestó que se encontraba de gira y fue citada para este lunes en horas de la noche.

Tanto Seca como Escamilla, no brindaron ningún detalle del por qué de su decisión de firmar los planos cuestionados y se acogieron al derecho Constitucional de no declarar ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, lo que causó un gran malestar entre los diputados de la oposición.

La Comisión legislativa decidió investigar la serie de irregularidades denunciadas sobre la construcción del proyecto habitacional de Nueva Cinchona destinado a las personas que resultaron afectadas por el terremoto de enero del 2009 y que destruyó su comunidad.

La presidenta de la comisión, Marielos Alfaro Murillo, del Movimiento Libertario, fue la encargada de exponer el motivo por el cual se convocó a los ingenieros de la CNE.

Alfaro explicó que Seca fue el responsable de elaborar el primer informe sobre la planta de tratamiento de aguas que se construía en la Nueva Cinchona, en el que indicaba que la empresa constructora que estaba haciendo el trabajo no se encontraba a derecho y sin embargo se les estaban girando dineros.

Otra irregularidad denunciada, menciona que la planta de tratamiento se construyó con un diseño que no corresponde a los planos originales y que dichos planos ni siquiera estaban aprobados.

“El informe de Seca no fue aceptado por la administración de la CNE, sin embargo pocos días después aparece un segundo informe, elaborado por Ericka Zamora, en el que se omiten las deficiencias, incumplimientos e irregularidades detalladas por Seca y que firmaron los ingenieros Escamilla y Alvarado, que tampoco habían hecho las visitas de campo correspondientes”, señaló la legisladora en su explicación.

Alfaro agregó que esta maniobra se debió en parte al hecho de que estaba tramitándose una factura para la empresa a cargo de la obra, Desarrollo y Diseños de Ingeniería S.A. (DDI) “tenían que pagarle pero con todas estas irregularidades que habían, no podían autorizar el pago” aseguró.

La legisladora sostuvo que también habrá que hacer preguntas a otras instituciones porque, por ejemplo, “hasta hace apenas unas pocas semanas cuando se inició esta investigación, los planos no habían sido aprobados por Acueductos y Alcantarillados”.

El diputado Víctor Hernández Cerdas, del Partido Acción Ciudadana, dijo que en todo lo que lleva la presente administración no había vivido una situación semejante y agregó que “todo ciudadano está obligado a aportar sus conocimientos para coadyuvar en una investigación” sostuvo al repudiar la actitud de los ingenieros de la CNE a cargo de las obras en Nueva Cinchona.

Mientras tanto, las legisladoras liberacionistas Alicia Fournier y Christia María Ocampo, dijeron no encontrar inconveniente en el silencio de los visitantes y en su derecho de abstenerse de declarar, sobre todo si se toma en cuenta que enviaron un informe escrito a la comisión.

La Comisión de Ingreso y Gasto Público espera cerrar el capítulo de la investigación esta semana, cuando reciban en sesión extraordinaria a la ingeniera Alvarado y el jueves a la Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias Vanessa Rosales

Fuente: Informa-tico.

jueves, 31 de diciembre de 2009

Terremoto de Cinchona sacó a flote corrupción en CNE

Ex presidente de CNE debió renunciar y es investigado

Redacción (elpais.cr) - Con el terremoto de Cinchona, la clase política dominante en Costa Rica se vio sacudida por la corrupción reinante en la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), encargada de prevenir los desastres, y reveló fallas en sus controles del dinero y negocios entre amigos de los jerarcas.

Los efectos del sismo deben verse como una oportunidad para no cometer los mismos errores de ordenamiento y construcción, y para demostrar capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población, indicaron expertos al develar el incumplimiento del Código Sísmico.

Además, los daños generados por este sismo muestran que la falta de un ordenamiento territorial temprano, dentro de la gestión municipal, ha consolidado el riesgo de desastres frente a las múltiples amenazas naturales, de igual manera que con los controles de los negocios de los altos funcionarios de la CNE, que ocupan puestos como parte del botín político electoral.

El terremoto del 8 de enero del 2009 en la zona de Vara Blanca -Cinchona-, área en la cual al menos otros cinco terremotos han tenido lugar en los últimos 160 años. El sismo tuvo una magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter, una profundidad de 6 kilómetros y estuvo asociado a la falla local Ángel-Varablanca (Instituto de Geociencias-RSN, 2009), según el Décimo Quinto Informe Estado de la Nación.

El movimiento sísmico disparó otros dos eventos, al generar deslizamientos y flujos de lodo o avalanchas. Los daños se relacionan especialmente con los derrumbes provocados por las altas aceleraciones del suelo sobre laderas de elevadas pendientes y terrenos saturados de agua.

Los flujos de lodo se vieron descender escasos veinte minutos después del evento principal, bajando por el cañón del río Sarapiquí, el río Toro y colectores secundarios (ríos Ángel, Sardinal, Cariblanco, La Paz y María Aguilar).

También en este caso de antemano existían debilidades estructurales en materia de manejo de los riesgos. De los cantones en los que se registraron los mayores daños, solo Valverde Vega y Grecia contaban en ese momento con un plan regulador total; el de Alajuela era parcial, Sarapiquí no lo tenía y el resto -Heredia, Alfaro Ruiz, Barva, Santa Bárbara y Poás- lo estaban elaborando.

El riesgo identificado y los posibles escenarios de desastre fueron anunciados en estudios técnicos ambientales realizados para Poás por parte de la Universidad Nacional (UNA); sin embargo, debido a la etapa en que se encontraba el proceso de planificación local y a la ausencia entonces de una regulación del uso del territorio, no se había iniciado la aplicación de medidas correctivas o preventivas.

De acuerdo con expertos, en el contexto de formulación del plan regulador, los efectos del terremoto deben verse como una oportunidad para no cometer los mismos errores de ordenamiento y construcción, y para demostrar capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población, precisa el XV Informe.

Los daños generados por este sismo muestran que la falta de un ordenamiento territorial temprano, dentro de la gestión municipal, consolidó el riesgo de desastres frente a las múltiples amenazas naturales.

Precisó que estas condiciones tienen su origen en la forma en la que los diferentes actores sociales y económicos se han asentado y apropiado del territorio.

El terremoto de Cinchona dejó, según el Decretp Ejecutivo 34993, pérdidas por 280.423.069.760 colones en ocho cantones de Alajuela y Heredia, 22 fallecidos, 17 desaparecidos, unos cien heridos y 125.584 afectados indirectos, 986 albergados. Además, 755 viviendas con daño total, daños en 71 comunidades, acueductos rurales, dos Ebais (uno destruido), tres CEN (un Cen Cinai destruido), sector agropecuario (fresas, leche, otros), infraestructura y 17 escuelas.

En la CNE

El legislador por el Partido Frente Amplio, José Merino del Río, tras denunciar en la Asamblea Legislativa supuestas acciones de corrupción exigió la inmediata intervención de la CNEpara limpiarla de irregularidades y actos corruptos, en perjuicio de las personas y comunidades afectadas por terremotos, inundaciones y otras calamidades que golpean fundamentalmente a los más pobres.

La intempestiva salida, el último día de febrero, de Daniel Gallardo de la presidencia de la CNE, dijo Merino, confirma las denuncias hechas por el Frente Amplio y el Partido Acción ciudadana (PAC), sobre los malos manejos de fondos que deberían ser sagrados por los fines prioritarios a los que se destinan.

Añadió que incluso, desde la bancada oficialista que gobierna Costa Rica, por las guerras internas electorales que se desarrollan en el Partido Liberación Nacional (PLN), se denunció que Gallardo y sus allegados usaban recursos de la CNE para proselitismo político partidario.

Merino recordó que él pidió, desde el incendio de las bodegas del CNE, poco después del terremoto, y la falta de atención debida a las familias afectadas por el sismo de Cinchona y las inundaciones de la Zona Atlántica, la inmediata destitución de Gallardo, pero entonces fue protegido y respaldado por el presidente de la República y por su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.

En su momento, Merino comentó que “cada día nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción, que es una situación indignante que exige la más enérgica protesta ciudadana, pues mientras las élites político-empresariales quieren imponerle al pueblo nuevos sacrificios y recortes de derechos sociales y laborales, los de arriba roban y saquean todos los días los dineros que pertenecen al pueblo”.

En su último día de trabajo como presidente de la CNE, Gallardo sufrió el allanamiento de sus oficinas por agentes de la policía y de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de Costa Rica.

El Ministerio Público (Fiscalía) investiga presuntos delitos económicos, por parte de Gallardo, así como de la Proveeduría de la CNE, vinculada con supuestos casos de corrupción.

Gallardo renunció a su puesto después de que la prensa revelara que varias empresas vinculadas a ex clientes suyos del bufete de abogado se vieron favorecidas con contratos con la CNE.

De acuerdo con informes en poder de la Fiscalía, la CNE hizo compras millonarias, de más de siete millones de dólares (unos cuatro mil millones de colones), a al menos dos empresas de propiedad de antiguos clientes de Gallardo, antes de que este asumiera la presidencia de la CNE.

Los clientes vinculados con Gallardo son los propietarios de las firmas Tajo Chirripó S.A. y Constructora Industrial Especializada del Atlántico. El expediente Gallardo aún se encuentra en trámites judiciales.


Fuente: http://elpais.cr/articulos.php?id=17795

viernes, 2 de octubre de 2009

Comunidades afectadas por el terremoto proponen ideas al Gobierno [Nuesto País]

Comunidades afectadas por el terremoto proponen ideas al Gobierno

San José (elpais.cr) - A ocho meses del terremoto del 8 de enero del 2009, los habitantes de varias comunidades solicitaron a seis instituciones del Gobierno de Costa Rica, un informe sobre lo que ha hecho cada entidad para solucionar los problemas de los afectados.

Las entidades son el Instituto Mixto de Ayuda Social, (IMAS), Comisión Nacional de Emergencias y los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, agricultura y el de Coordinación Interinstitucional.

Sin embargo, a pesar de que la asistencia de las instituciones, citadas para una actividad a celebrarse este jueves con los afectados, estaban confirmadas la reunión fue boicoteada, y la mayoría canceló a última hora su participación y unos pocos no confirmaron su asistencia.

El terremoto no afectó únicamente a la comunidad de Cinchona, sino que afectó a mas de 70 comunidades de Alajuela y Heredia, siendo muy golpeadas: San Miguel de Sarapiquí, Cariblanco, San Rafael de Vara Blanca, Vara Blanca, Los Cartagos, Cinco Esquinas de Carrizal, Birrí, Poasito, Fraijanes, Sabana Redonda, Laguna y Dulce Nombre.

El foro contó con la presencia del jefe de fracción, el diputado Alberto Salom, el Ingeniero Franco Albarenga del Club Rotario de Escazú, Diego Moya funcionario del IMAS, Rosibel Guerrero Gerente Regional del IMAS en Alajuela y Ana Grace Fernández, Gerente Regional del IMAS en Heredia.

La primera etapa de este diálogo la dirigió Alvarenga, quien señaló los principales cuestionamientos que hacen las comunidades al trabajo desarrollado por las instituciones e hizo algunas recomendaciones a instituciones como el Ministerio de Hacienda, ya que según él, este ministerio no es transparente con lo que respecta a la compra de terrenos para las familias afectadas.

Otro de los puntos discutidos fue la construcción de viviendas, Alvarenga explicó que esa es una de las mayores preocupaciones, pues las casas destinadas para las familias son pequeñas y están mal construidas.

El ingeniero recomendó al Ministerio que planifique y estudie la situación tanto de las familias como de los suelos que utilizan.

La construcción de escuelas en las zonas afectadas es otro punto que está muy lejos de ser tratado, ya que Alvarenga indicó que no hay información de compra de terrenos para construirlas y que la única que se hizo fue la de Poasito, pues de todas formas estaba planificado su arreglo varios meses atrás.

Comentó que debido a la falta de terrenos muchas ayudas internacionales están detenidas, entre ellas 97 mil dólares, por parte de la Embajada de Japón, para la construcción de varias escuelas.

Alvarenga también denunció que la Municipalidad de Alajuela sigue cobrando impuestos de inmuebles a familias que ya no tienen propiedades debido al evento del 8 de enero.

Con respecto a la Comisión Nacional de Emergencias dijo que la institución tiene dos caras y que el ex presidente “se dedicó más a la limpieza de cadáveres y caminos que a los afectados”.

Por otra parte, como representante de las comunidades, Alvarenga dio algunas recomendaciones a varias instituciones del Estado para que la situación de estas familias mejore, entre ellas esta crear un plan de emergencia, planificar y crear rutas de evacuación, dotar a la región de centros de observación vulcanológica, reparar puentes y caminos ya que no solo se pone en riesgo a escolares que transitan por ahí sino también al turismo mismo, porque hay zonas completamente incomunicadas.

Por su parte, Diego Moya, funcionario del IMAS, explicó que desde el evento principal el 8 de enero ellos le han brindado ayuda a 1700 familias haciendo intervenciones cuando ha sido necesario.

Rosibel Guerrero, Gerente Regional de Alajuela, dijo que en la primera semana en esa región se atendieron a 1200 familias y que mucha personas de otras partes del país han tratado de aprovecharse de la situación para obtener beneficios pero que ellos se manejan con una lista oficial y por esto no se han dado este tipo de situaciones.

Guerrero explicó que ellos acudieron a albergues y hogares para ayudar a los afectados y recolectar la información.

La gerente regional de Heredia dio algunas cifras de beneficiados que en total fue de 307 familias, además de financiar cuatro proyectos de más de cuatro millones de colones para impulsar a los productores de la provincia.

Para concluir el diputado Alberto Salom agradeció al IMAS pues fue la única institución que se presentó a dar cuantas a las familias presentes, según el diputado la actitud del IMAS es digna de respeto, que es lo que merecen los afectados. También mencionó la decepción que sufrió por el boicot que varias instituciones hicieron para evitar que la reunión se diera.

Además, los participantes en la reunión lamentaron que los dos funcionarios de la Defensoría de los Habitantes que asistieron a la actividad se fueran antes de que terminara el foro.

Realidades

La mayor parte de la ayuda en las diferentes etapas de esta emergencia a muchas de las zonas afectadas, (como diarios, materiales de construcción, diagnóstico) ha venido de grupos privados organizados (Club de Leones, Clubes Rotarios y Rotaracts, Empresas privadas) y la Iglesia Católica (Caritas Internacional).

Entre los temas más urgentes planteados por las comunidades están los siguientes:

*Las zonas afectadas necesitan de un plan de emergencia, atención y evacuación

*Se necesita un replanteamiento de la distribución de materiales de construcción a los afectados.

*Se requiere la reactivación de la distribución de diarios organizada, la falta de trabajo y recursos productivos, tienen en la miseria a centenares de personas.

*Se solicita que se emita el aval que pide el IMAS para poder arrancar el proyecto de gallinas ponedoras.

*Igualmente las comunidades exigen la publicación de un informe del manejo de los fondos y contrataciones realizadas durante los primeros días de la emergencia.

*En el caso de Fraijanes, los dirigentes opinan que la lentitud del MEP expone la salud de los niños y su seguridad desde hace 8 meses, por las deplorables condiciones en que se encuentran las aulas provisionales. Aquí también las decenas de cartas sin respuesta al Ministro y sus viceministras hablan por sí solas.

*De la misma manera las comunidades y sus dirigentes reclaman que se han realizado limpiezas parciales en los caminos y ríos que ponen en peligro puentes, terrenos, carreteras y viviendas.

*Se solicitan la limpieza de los cauces a la CNE, al MINAET y a la Municipalidad de Alajuela pero hasta la fecha no ha habido resultado alguno.

*Los productores agrícolas de la zona necesitan el apoyo en lo referente a un sistema de riego para sus cultivos; los productores de fresas y demás Pymes de la zona no tienen acceso al crédito porque se les dice que no son sujetos del mismo

Las comuidades afectadas demandan además que:

*Se reduzcan los tiempos y papeleos en procura de la solución a los afectados por el terremoto.

*El IMAS debe de designar personeros a tiempo completo para atender solo estos proyectos.

*Se le debe dar mantenimiento preventivo a los puentes y en la red vial; pues de lo contrario se pone en peligro a los escolares, usuarios, habitantes y turistas que visitan la zona.

*Que el ICT se sume a la iniciativa de las comunidades en procura de reactivar el turismo en la zona.

Finalmente, le ofrecieron al Gobierno Central y al Gobierno Local la ayuda de un pueblo organizado, de asociaciones de desarrollo y cooperativas para realizar en forma conjunta los proyectos y su fiscalización. Pero se exige transparencia para evitar que los conocidos zopilotes de la vivienda lucren con la pobreza de los afectados.

Fuente: http://elpais.cr/articulos.php?id=14047

jueves, 1 de octubre de 2009

Comunidades afectadas por terremoto exigen respuesta de instituciones de gobierno y proponen ideas

Comunidades afectadas por terremoto exigen respuesta de instituciones de gobierno y proponen ideas


Entes gubernamentales citados a actividad de rendición de cuentas brillaron por su ausencia, solo el IMAS respondió

Las comunidades afectadas por el terremoto del 8 de enero del 2009, a ocho meses de ese fatídico evento exigieron un reporte sobre lo actuado por cada una de las Instituciones IMAS, MOPT, CNE, MIVAH, MAG y Ministerio de Coordinación Interinstitucional. Sin embargo, a pesar de que la asistencia de las instituciones citadas para la actividad estaban confirmadas la reunión fue boicoteada, la mayoría cancelando a última hora su participación y unos pocos no habiendo confirmado su asistencia..

El terremoto no afectó únicamente a la comunidad de Cinchona, sino que afectó a mas de 70 comunidades de Alajuela y Heredia, siendo muy golpeadas:San Miguel de Sarapiquí, Cariblanco, San Rafael de Vara Blanca, Vara Blanca, Los Cartagos, Cinco Esquinas de Carrizal, Birrí, Poasito, Fraijanes, Sabana Redonda, Laguna y Dulce Nombre.

El foro contó con la presencia del jefe de fracción, el diputado Alberto Salom, el Ingeniero Franco Albarenga del Club Rotario de Escazú, Diego Moya funcionario del IMAS, Rosibel Guerrero Gerente Regional del IMAS en Alajuela y Ana Grace Fernández, Gerente Regional del IMAS en Heredia.

La primera etapa de este diálogo la dirigió el Ingeniero Alvarenga, quien señaló los principales cuestionamientos que hacen las comunidades al trabajo desarrollado por las instituciones e hizo algunas recomendaciones a instituciones como el Ministerio de Hacienda, ya que según él, este ministerio no es transparente con lo que respecta a la compra de terrenos para las familias afectadas.

Otro de los puntos discutidos fue la construcción de casas, Alvarenga explicó que esa es una de las mayores preocupaciones, pues las casas destinadas para las familias son pequeñas y están mal construidas. El ingeniero recomendó al Ministerio que planifique y estudie la situación tanto de las familias como de los suelos que utilizan.

La construcción de escuelas en las zonas afectadas es otro punto que esta muy lejos de ser tratado, ya que Alvarenga indicó que no hay información de compra de terrenos para construirlas y que la única que se hizo fue la de Poasito pues de todas formas estaba planificado su arreglo varios meses atrás.

Comentó que debido a la falta de terrenos muchas ayudas internacionales están detenidas, entre ellas 97 mil dólares por parte de la Embajada de Japón para la construcción de escuelas.

El Ingeniero Alvarenga también denunció que la Municipalidad de Alajuela sigue cobrando impuestos de inmuebles a familias que ya no tienen propiedades debido al evento del 8 de enero.

Con respecto a la Comisión Nacional de Emergencias dijo que la institución tiene dos caras y que el ex presidente se dedicó más a la limpieza de cadáveres y caminos que a los afectados.

Por otra parte como representante de las comunidades el Ing. Alvarenga dió algunas recomendaciones a varias instituciones del estado para que la situación de estas familias mejore, entre ellas esta crear un plan de emergencia, planificar y crear rutas de evacuación, dotar a la región de centros de observación vulcanológica e hidroponía, reparar puentes y caminos ya que no solo se pone en riesgo a escolares que transitan por ahí sino también al turismo mismo, porque hay zonas completamente incomunicadas.

IMAS rinde cuentas. Diego Moya funcionario del IMAS explicó a los presentes que desde el evento principal el 8 de enero ellos le han brindado ayuda a 1700 familias haciendo intervenciones cuando ha sido necesario.
Rosibel Guerrero, Gerente Regional de Alajuela dijo que en la primera semana en esa región se atendieron a 1200 familias y que mucha personas de otras partes del país han tratado de aprovecharse de la situación para obtener beneficios pero que ellos se manejan con una lista oficial y por esto no se han dado este tipo de situaciones.

Guerrero explicó que ellos acudieron a albergues y hogares para ayudar a los afectados y recolectar la información.

La gerente regional de Heredia dio algunas cifras de beneficiados que en total fue de 307 familias, además de financiar cuatro proyectos de más de cuatro millones de colones para impulsar a los productores de la provincia.

Para concluir el diputado Alberto Salom agradeció al IMAS pues fue la única institución que se presentó a dar cuantas a las familias presentes, según el diputado la actitud del IMAS es digna de respeto, que es lo que merecen los afectados. También mencionó la decepción que sufrió por el boicot que varias instituciones hicieron para evitar que la reunión se diera. Por otra parte fue lamentable que los dos funcionarios de la Defensoría de los Habitantes que asistieron a la actividad se fueran antes de que terminara el foro.


Realidades expuestas por las comunidades
La mayor parte de la ayuda en las diferentes etapas de esta emergencia a muchas de las zonas afectadas, (como diarios, materiales de construcción, diagnóstico) ha venido de grupos privados organizados (Club de Leones, Clubes Rotarios y Rotaracts, Empresas privadas) y la Iglesia Católica (Caritas Internacional).

Entre los temas más urgentes planteados por las comunidades están los siguientes:
*Las zonas afectadas necesitan de un plan de emergencia, atención y evacuación
*Se necesita un replanteamiento de la distribución de materiales de construcción a los afectados
*Se requiere la reactivación de la distribución de diarios organizada, la falta de trabajo y recursos productivos, tienen en la miseria a centenares de personas.
*Se solicita que se emita el aval que pide el IMAS para poder arrancar el proyecto de gallinas ponedoras.
*Igualmente las comunidades exigen la publicación de un informe del manejo de los fondos y contrataciones realizadas durante los primeros días de la emergencia.
*En el caso de Fraijanes, los dirigentes opinan que la lentitud del MEP expone la salud de los niños y su seguridad desde hace 8 meses, por las deplorables condiciones en que se encuentran las aulas provisionales. Aquí también las decenas de cartas sin respuesta al Ministro y sus viceministras hablan por sí solas.
*De la misma manera las comunidades y sus dirigentes reclaman que se han realizado limpiezas parciales en los caminos y ríos que ponen en peligro puentes, terrenos, carreteras y viviendas.
*Se solicitan la limpieza de los cauces a la CNE, al MINAET y a la Municipalidad de Alajuela pero hasta la fecha no ha habido resultado alguno.
*Los productores agrícolas de la zona necesitan el apoyo en lo referente a un sistema de riego para sus cultivos; los productores de fresas y demás Pymes de la zona no tienen acceso al crédito porque se les dice que no son sujetos del mismo.

Las comuidades afectadas demandan además que:
*Se reduzcan los tiempos y papeleos en procura de la solución a los afectados por el terremoto.
*El IMAS debe de designar personeros a tiempo completo para atender solo estos proyectos.
*Se le debe dar mantenimiento preventivo a los puentes y en la red vial; pues de lo contrario se pone en peligro a los escolares, usuarios, habitantes y turistas que visitan la zona.
*Que el ICT se sume a la iniciativa de las comunidades en procura de reactivar el turismo en la zona.

Finalmente le ofrecieron al Gobierno Central y al Gobierno Local la ayuda de un pueblo organizado, de asociaciones de desarrollo y cooperativas para realizar en forma conjunta los proyectos y su fiscalización. Pero se exige transparencia para evitar que los conocidos zopilotes de la vivienda lucren con la pobreza de los afectados.

Fuente: Sitio oficial del PAC

Afectados de terremoto continúan sin respuesta [Informa-tico]

Afectados de terremoto continúan sin respuesta

Afectados por el terremoto del 8 de enero exigieron respuestas a las autoridades del gobierno y continúan esperando soluciones a sus necesidades, así como planes productivos par reactivar zonas impactadas.

Por Fernando Francia

Franco Alvarenga resumió las exigencias de las comunidades afectadas.

Representantes de varias comunidades afectadas por el terremoto del 8 de enero exigieron a las autoridades acciones concretas que, a nueve meses de la tragedia, siguen sin efectuarse.

Varios de los afectados se presentaron en la Asamblea Legislativa ayer para pedir cuentas a diversas autoridades gubernamentales en una reunión que había sido planificada desde hace varios días.

Sin embargo, a pesar de haber confirmado su asistencia, solo el IMAS se hizo presente.

Diego Moya (IMAS) escuchó a varios vecinos y tomo sus datos, al final de la reunión.

Algunas instituciones ya habían confirmado su asistencia y, durante esta misma semana, varias cancelaron o, simplemente, no llegaron a la actividad.

Destaca el caso de Marco Vargas, ministro de coordinación institucional, quien, llamó al diputado Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC) horas antes de la cita explicando que no asistiría.

Según Salom, Vargas le dijo vía telefónica que "no me voy a presentar (...) ellos no son representativos; es un grupo muy pequeño a quienes ya hemos dado explicaciones".

Así lo confirmó Salom a los asistentes y expresó que sentía vergüenza y que claramente esa actitud del ministro significaba un "boicot a esta actividad".

Asimismo, Luis Fernando Salazar, viceministro de vivienda, había confirmado su asistencia y ni un representante estuvo presente.

Por su parte la Comisión Nacional de Emergencias canceló su participación en horas de la tarde.

Las gerentes de las regionales de Alajuela y Heredia del IMAS estuvieron presentes y escucharon con atención el informe de un representante de las fuerzas vivas que actúan en la zona, el arquitecto Franco Alvarenga, del club de rotarios de Escazú, activo en este tema desde el propio 9 de enero.

Hace algunos meses algunos caminos todavía estaban en malas condiciones.

Remezón a la clase política

Un detallado informe de las necesidades de la región fue presentado por el activista social y arquitecto Franco Alvarenga, quien representa al Club de Rotarios de Escazú y que ha trabajado junto a las comunidades afectadas desde el día siguiente de la tragedia.

Alvarenga detalló a cada institución involucrada, una lista de necesidades y pedidos, así como de advertencias sobre cómo actuar, a nueve meses del evento que tuvo incontables pérdidas materiales.

Para los afectados, al terremoto no debería llamársele "de Cinchona" pues son más de 70 comunidades las que fueron afectadas.

Algunas de las más graves fueron San Miguel de Sarapiquí, Cariblanco, San Rafael de Vara Blanca, Vara Blanca, Los Cartagos, Cinco Esquinas de Carrizal, Birrí, Poasito, Fraijanes, Sabana Redonda, Laguna y Dulce Nombre.

Fallas por todo el país (líneas rojas). El recuadro es la zona afectada el 8 de enero.

La CNE La etapa de atención inmediata ya se hizo, la evacuación de los muertos y la habilitación de los caminos. "Pero la problemática social se mantiene tal cual desde el día siguiente del terremoto" dijo Alvarenga.

Además, Alvarenga recordó que "el evento puso en evidencia la falta de coordinación inter institucional y la falta de experiencia en la atención a los afectados".

Ahora "al misterio y la descoordinación sobre los planes de reconstrucción y a la escasa información que tenemos, se le suma la poca credibilidad de los habitantes ante las promesas incumplidas", dijo el arquitecto.

El terremoto, dijo Alvarenga, "fue un remezón que pateó a la sociedad y movió a la clase política que no supo como responder integralmente ante la tragedia y todas sus consecuencias posteriores"

Exigencias

Las comunidades tenían preparadas una serie de exigencias para las distintas instituciones que se harían presentes.

Los únicos que dieron explicaciones y comentaron cuáles han sido sus acciones fueron los representantes del IMAS que escucharon atentos a los vecinos y expusieron su "rendición de cuentas".

Para el Ministerio de Coordinación Institucional le piden explicar la lentitud de sus acciones. "Hemos estado en decenas de reuniones pero no vemos avances. Nos piden paciencia, pero ya llevamos nueve meses de paciencia", resumió Alvarenga.

Además, las comunidades solicitan "definir cuáles proyectos productivos se desarrollarán en las comunidades afectadas para reactivar su economía".

Al Ministerio de Vivienda se le exige transparencia en el manejo de fondos. También, le recordaron que "un proyecto de vivienda digna debe ser una solución planificada. No debe de ser temporal, ni puede ser un precario improvisado". Además, "les pedimos buscar alternativas de soluciones acordes a las necesidades de espacio y de ubicación".

Para la Comisión Nacional de Emergencias las críticas fueron abundantes.

"Su anterior presidente (Daniel Gallardo), ignoró nuestras solicitudes y planteamientos y se preocupó más por la evacuación de los muertos y la contratación de limpieza de caminos que de la atención de los afectados".

Además, preocupados por la transparencia, le solicitan "publiquen un informe del manejo de los fondos y contrataciones realizadas durante los primeros días de la emergencia".

Según los afectados otro gran ausente en estos nueve meses ha sido el Ministerio de Educación Pública (MEP).

"No tenemos información del MEP y de la compra de los terrenos para reubicar las escuelas que requieran hacerlo. Solo se terminó el proyecto iniciado en Poasito", explicaron.

Respecto a las ayudas a proyectos productivos, los afectados recordaron que la Banca de Desarrollo está en la zona, "pero los productores de fresas y demás Pymes de la zona no tienen acceso a los crédito porque se les dice que no son sujetos de crédito. ¿Qué hará el gobierno al respecto?", se preguntaron.

Al IMAS, tras el reconocimiento de haber asistido a esta actividad se le pide reducir tiempos y papeleos.

Plan de reconstrucción

La comunidad organizada, tanto de vecinos de la zona como organizaciones que han aportado su trabajo solidario, pide al gobierno un plan de reconstrucción que aún no se presenta y mucho menos se pone en práctica.

Pero no se quedan de brazos cruzados, le ofrecen al gobierno la "ayuda de un pueblo organizado, de asociaciones de desarrollo y cooperativas para realizar en forma conjunta los proyectos y su fiscalización".

"Este plan de ayuda y reactivación económica debe ser impulsado por el gobierno central" explicaron los representantes de la zona. "Su financiamiento realizado en coordinación con MIDEPLAN y su ejecución de la mano de las comunidades".

Un tema reincidente fue la transparencia, "solicitamos a todos los involucrados transparencia para evitar que los conocidos zopilotes de la vivienda lucren con la pobreza de los afectados", explicaron.

"Necesitamos planificación, no improvisación. Pero que se confundan términos. Ya que esto no significa que pueden tomarse todo el tiempo del mundo, una emergencia se atiende con urgencia, no con paciencia".

Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20091001&ref=--00512