Redacción (elpais.cr) - Con el terremoto de Cinchona, la clase política dominante en Costa Rica se vio sacudida por la corrupción reinante en la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), encargada de prevenir los desastres, y reveló fallas en sus controles del dinero y negocios entre amigos de los jerarcas.
Los efectos del sismo deben verse como una oportunidad para no cometer los mismos errores de ordenamiento y construcción, y para demostrar capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población, indicaron expertos al develar el incumplimiento del Código Sísmico.Además, los daños generados por este sismo muestran que la falta de un ordenamiento territorial temprano, dentro de la gestión municipal, ha consolidado el riesgo de desastres frente a las múltiples amenazas naturales, de igual manera que con los controles de los negocios de los altos funcionarios de la CNE, que ocupan puestos como parte del botín político electoral.
El terremoto del 8 de enero del 2009 en la zona de Vara Blanca -Cinchona-, área en la cual al menos otros cinco terremotos han tenido lugar en los últimos 160 años. El sismo tuvo una magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter, una profundidad de 6 kilómetros y estuvo asociado a la falla local Ángel-Varablanca (Instituto de Geociencias-RSN, 2009), según el Décimo Quinto Informe Estado de la Nación.El movimiento sísmico disparó otros dos eventos, al generar deslizamientos y flujos de lodo o avalanchas. Los daños se relacionan especialmente con los derrumbes provocados por las altas aceleraciones del suelo sobre laderas de elevadas pendientes y terrenos saturados de agua.
Los flujos de lodo se vieron descender escasos veinte minutos después del evento principal, bajando por el cañón del río Sarapiquí, el río Toro y colectores secundarios (ríos Ángel, Sardinal, Cariblanco, La Paz y María Aguilar).También en este caso de antemano existían debilidades estructurales en materia de manejo de los riesgos. De los cantones en los que se registraron los mayores daños, solo Valverde Vega y Grecia contaban en ese momento con un plan regulador total; el de Alajuela era parcial, Sarapiquí no lo tenía y el resto -Heredia, Alfaro Ruiz, Barva, Santa Bárbara y Poás- lo estaban elaborando.
El riesgo identificado y los posibles escenarios de desastre fueron anunciados en estudios técnicos ambientales realizados para Poás por parte de la Universidad Nacional (UNA); sin embargo, debido a la etapa en que se encontraba el proceso de planificación local y a la ausencia entonces de una regulación del uso del territorio, no se había iniciado la aplicación de medidas correctivas o preventivas.De acuerdo con expertos, en el contexto de formulación del plan regulador, los efectos del terremoto deben verse como una oportunidad para no cometer los mismos errores de ordenamiento y construcción, y para demostrar capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población, precisa el XV Informe.
Los daños generados por este sismo muestran que la falta de un ordenamiento territorial temprano, dentro de la gestión municipal, consolidó el riesgo de desastres frente a las múltiples amenazas naturales.Precisó que estas condiciones tienen su origen en la forma en la que los diferentes actores sociales y económicos se han asentado y apropiado del territorio.
El terremoto de Cinchona dejó, según el Decretp Ejecutivo 34993, pérdidas por 280.423.069.760 colones en ocho cantones de Alajuela y Heredia, 22 fallecidos, 17 desaparecidos, unos cien heridos y 125.584 afectados indirectos, 986 albergados. Además, 755 viviendas con daño total, daños en 71 comunidades, acueductos rurales, dos Ebais (uno destruido), tres CEN (un Cen Cinai destruido), sector agropecuario (fresas, leche, otros), infraestructura y 17 escuelas.En la CNE
El legislador por el Partido Frente Amplio, José Merino del Río, tras denunciar en la Asamblea Legislativa supuestas acciones de corrupción exigió la inmediata intervención de la CNEpara limpiarla de irregularidades y actos corruptos, en perjuicio de las personas y comunidades afectadas por terremotos, inundaciones y otras calamidades que golpean fundamentalmente a los más pobres.La intempestiva salida, el último día de febrero, de Daniel Gallardo de la presidencia de la CNE, dijo Merino, confirma las denuncias hechas por el Frente Amplio y el Partido Acción ciudadana (PAC), sobre los malos manejos de fondos que deberían ser sagrados por los fines prioritarios a los que se destinan.
Añadió que incluso, desde la bancada oficialista que gobierna Costa Rica, por las guerras internas electorales que se desarrollan en el Partido Liberación Nacional (PLN), se denunció que Gallardo y sus allegados usaban recursos de la CNE para proselitismo político partidario.Merino recordó que él pidió, desde el incendio de las bodegas del CNE, poco después del terremoto, y la falta de atención debida a las familias afectadas por el sismo de Cinchona y las inundaciones de la Zona Atlántica, la inmediata destitución de Gallardo, pero entonces fue protegido y respaldado por el presidente de la República y por su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
En su momento, Merino comentó que “cada día nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción, que es una situación indignante que exige la más enérgica protesta ciudadana, pues mientras las élites político-empresariales quieren imponerle al pueblo nuevos sacrificios y recortes de derechos sociales y laborales, los de arriba roban y saquean todos los días los dineros que pertenecen al pueblo”.En su último día de trabajo como presidente de la CNE, Gallardo sufrió el allanamiento de sus oficinas por agentes de la policía y de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción de Costa Rica.
El Ministerio Público (Fiscalía) investiga presuntos delitos económicos, por parte de Gallardo, así como de la Proveeduría de la CNE, vinculada con supuestos casos de corrupción.Gallardo renunció a su puesto después de que la prensa revelara que varias empresas vinculadas a ex clientes suyos del bufete de abogado se vieron favorecidas con contratos con la CNE.
De acuerdo con informes en poder de la Fiscalía, la CNE hizo compras millonarias, de más de siete millones de dólares (unos cuatro mil millones de colones), a al menos dos empresas de propiedad de antiguos clientes de Gallardo, antes de que este asumiera la presidencia de la CNE.Los clientes vinculados con Gallardo son los propietarios de las firmas Tajo Chirripó S.A. y Constructora Industrial Especializada del Atlántico. El expediente Gallardo aún se encuentra en trámites judiciales.
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