Pese a que el Vicepresidente aseguró en marzo anterior que el pronóstico era tener el texto a más tardar a mediados de julio, en este momento está siendo revisado por la Cámara de Agricultura. El chequeo podría finalizar en octubre.
A y A identificó que debe financiar obras por $1.600 millones para recuperar el rezago y cubrir las necesidades de los usuarios de sus servicios, la mitad de la población. Jorge Arce EF
Años de relegar obras y decisiones pone a Costa Rica ante la obligación de reaccionar sobre la marcha
Edición 801 Costa Rica está obligada a cambiar su política ante el recurso hídrico. El 85% de la inversión requerida en obras rezagadas carecen de financiamiento ; el 96% de las aguas residuales no se están tratando; el 70% de la población no tiene acceso a servicios de alcantarillado. Lea más sobre este análisis y opine en el foro: ¿Está dispuesto a pagar más en la tarifa de agua para invertir en el recurso hídrico?
Con un caudal envidiable, rebosante de lluvias y aguas superficiales y subterráneas, Costa Rica podría estar, aún así, a unos pasos de un futuro árido.
Un manejo poco responsable, con años de infraestructura abandonada, legislación sin actualizar a pesar de su desfase e inversión que no se regó, amenazan el desarrollo del recurso hídrico para los próximos años.
Es también el resultado de decisiones que se toman a cuentagotas, más allá de las reformas legales.
Hay conciencia de que el precio que se paga está por debajo de lo que cuesta el servicio, pero el ajuste no se ha realizado en más de una década.
No quiere decir que los recursos para el sector se evaporaron. Todo lo contrario. Para el 2012, el canon de aprovechamiento del agua deberá rondar los $8 millones.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reportó que mediante fondos externos se financiaron $286 millones para cubrir rezago y proyectos de corto, medio y largo plazo.
Incluso AyA está dejando de lado años de poca actividad: según datos del Sistema de Actividad Contractual de la Contraloría, prácticamente duplicaron las compras del 2007 al 2010, en términos reales.
Empero, el esfuerzo todavía no es suficiente. Las estimaciones del propio Instituto indican que se requieren $2.366 millones, de los cuales el 85% no cuenta aún con financiamiento.
Legado opaco
Es la herencia de unos 30 años de poca inversión y abandono.
Mientras el grifo de la inversión en acueductos y alcantarillados se cerraba hacia 1980, la población continuó su crecimiento. De ese periodo a la fecha, casi se duplicó, pasando de 2,6 millones a 4,6. Es decir, los usuarios de servicios de agua se duplicaron con casi la misma infraestructura.
Entretanto, las tarifas también se rezagaron. El pago por servicios de acueducto, de 1995 al 2009 en términos reales bajó un 14% en la tarifa domiciliar básica, un 20% en la tarifa empresarial fija y un 30% en la tarifa empresarial básica. Únicamente la tarifa domiciliar fija tuvo un aumento de un 13%.
En los últimos años, al menos se detuvo el deterioro, pero lejos de un crecimiento. Los datos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) muestran que la tarifa domiciliar del 2004 al 2009 prácticamente se mantuvo en los mismos niveles, para avanzar un poco con la fijación del 2010. Sin embargo, la Sala Constitucional congeló ese ajuste.
Una situación bastante parecida se presentó en el sector empresarial, que en el 2009 todavía presentaba una evolución negativa de los pagos en las tarifas, pero creció en el 2010.
Debe considerarse que el panorama no se ha complicado por una menor presión en la demanda. De hecho, el consumo se redujo en los últimos años en prácticamente todos los sectores: un estudio de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) mostró que del 2004 al 2010 el consumo en metros cúbicos en promedio bajó un 8%.
La rebaja fue mayor en el Gobierno, que redujo su consumo líquido en un 20%, seguido por el sector industrial, con un 14%, y el sector domiciliario, con un 9%. Solo la categoría preferencial mostró un incremento, un 10%.
Mapa perforado
A pesar de que la oferta de agua todavía supera con holgura la demanda, la extracción se realiza con criterios poco ordenados que dificultan la planificación.
Según datos de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente, en el país se han otorgado 3.800 concesiones según la facturación del canon a noviembre del 2009, mientras están registrados 8.000 pozos perforados.
Sin embargo, al solicitar a la Dirección los datos de años anteriores para apreciar la evolución de estas autorizaciones, José Miguel Zeledón, jefe de la Dirección, manifestó que los registros son acumulados, por lo que no se tenía el dato separado.
No obstante, Zeledón recordó que antes del 2006 se presentaban aproximadamente 300 solicitudes de permiso al año para pozos, y subieron a cerca de 1.000. “Ahora, volvió a bajar el uso de agua subterránea”, expresó.
No se trata de un tema baladí. La geóloga Íngrid Vargas de la Universidad de Costa Rica, externó la preocupación por el uso que se hace del agua y la falta de información para determinar los gastos y consumos con mayor certeza. “No hay un control real de cuánta agua se usa, cuál es la fuente”, aseguró.
Las fugas son un problema nacional. AyA estima que casi el 60% del agua que se utiliza no se factura. A esto se suma que en la Gran Área Metropolitana (GAM) se calcula que la pérdida por fugas de agua oscila entre el 25% y el 50%.
Vargas destacó que los problemas de planificación podrían provocar que se esté contaminando recurso hídrico, principalmente el subterráneo, que es clave, sin que se tenga plena conciencia de ello.
Modelo a revisión
En este punto se debe destacar que se están implementando una política y un Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
Sin embargo, Zeledón destacó que tiene apenas poco más de un año de estar en marcha, para mecanismos que pretenden ordenar un sector disperso en más de una decena de entidades.
Empero, la parte más sensible de este ajuste aún no se concreta. Óscar Núñez, presidente ejecutivo de AyA, destacó que el país debe tomar una decisión sobre la forma de financiar estas obras.
“No hay un plan integral de inversión sobre cómo saldar esta responsabilidad en materia de infraestructura”, dijo Núñez.
Al calcular AyA la inversión rezagada y futura, el siguiente paso es determinar el financiamiento.
“El tema de fondo es si esas inversiones se trasladan al usuario o cuál es el sistema solidario sobre el que vamos a hacerlo, lo que le toca a Aresep determinarlo”, aseguró Núñez, quien dijo que en otros países el Estado financia el 70% de la infraestructura en la materia, y solo el 30% va a la tarifa. “Si aquí no cambiamos la normativa, el 100% deberá ir a la tarifa”, afirmó.
Aquí es donde el tema se vuelve más resbaladizo, ya que Dennis Meléndez, de Aresep, indicó que es potestad de AyA definir prioridades de inversión o programas de financiamiento.
Por su parte, el ministro de Ambiente, Teófilo de la Torre, se mostró prudente en esta materia, al indicar que el déficit en materia ambiental se debe reducir poco a poco. Destacó la labor que se realiza con créditos externos y financiamiento presupuestario, pero opinó que “obviamente hay un aspecto tarifario”.
Sin embargo, no existe una definición de un gran ajuste tarifario, o un esfuerzo adicional para alcanzar la inversión de los $2.236 millones aún sin financiar.
A esto se debe agregar el debate pendiente en materia legislativa, que nuevamente De la Torre incluye entre las prioridades.
Empero, el proyecto todavía no ha sido convocado, aunque al menos esta vez parece tener mejor ambiente en el Poder Ejecutivo, dada la vocación ambiental anunciada por la presidenta Laura Chinchilla y representada por su vicepresidente Alfio Piva.
Sectores inquietos
Precisamente el tema de la legislación se convierte en el punto de mayor preocupación en el sector productivo.
En el sector agrícola (el mayor usuario fuera de la energía hidroeléctrica) existe preocupación de que un fuerte énfasis conservacionista limite el acceso. “Se pueden establecer zonas de protección sobre área intermitentes, y con el Cafta, la legislación ambiental no se puede derogar luego, es muy peligroso”, afirmó Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara de Agricultura.
Sáenz criticó que se pretendan resolver los problemas del agua mediante legislación, cuando lo que falta es inversión.
Por su parte, Luisa Díaz, representante de la Cámara de Industrias, destacó que la legislación es impostergable. “Los enfoques no son irreconciliables”.
El sector industrial también es vivo ejemplo de que algunas decisiones como el canon contribuyen al ahorro. “Desde que el canon está vigente en el 2004, hay un uso más racional, el sector industrial redujo el consumo en casi un 50%”, expresó Díaz.
Se trata de un panorama en el que pasado y futuro confluyen: los objetivos de futuro se mezclan con una discusión que tiene años.
Sin embargo, la presión aumenta: crece la población y las posibilidades de contaminación.
Hay avances, pero también temas pendientes: calidad del líquido, protección de fuentes, datos para planificar con más claridad.
Además, hay que controlar las fugas en el sistema, que hacen casi impostergable aumentar la respuesta. Respuesta que de momento todavía hace aguas en varios frentes.
Tubería se desgasta
El país tiene niveles por encima de otros de la región, pero los avances que llevaron cobertura a 98% de población se van herrumbrando.
1942
Ley a secas. Tras una vigencia de 58 años de la anterior normativa, se aprueba una Ley de Aguas. Sigue vigente tras 68 años.
1961
Entidad húmeda. Se crea el Sistema de Acueductos y Alcantarillados, el antecesor del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
1983
Más allá de lo superficial. Se crea el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
1998
Aguas de renovación. Como parte de la Concertación, surgen voces que piden renovar la ley y pasar de concepto de agua a recurso hídrico.
2000
Alerta. Informe de GWP advierte sobre marco fragmentado y carencia de conocimiento real de la situación de las aguas en el país.
2001
Vía crucis legislativo. Con la presentación de tres textos, reforma a ley de aguas inicia recorrido en la Asamblea. Aún hoy se busca acuerdo.
2008
Mejorar visión. Esfuerzos desde 2005 para mejorar conocimiento culminan con Balance de Recurso Hídrico elaborado por el Minaet.
2009
Con brújula. Minaet difunde política sobre recurso hídrico y Plan Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
2010
Renovar votos. Gobierno de Laura Chinchilla declara que nuevamente reforma legal y actualización de tarifas para agua son prioridad.
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