Parálisis institucional al desnudo por terremoto del 8 de enero
Isabel Vargas R. es presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de la Región del Volcán Poás
Formada en la Facultad de Derecho de la UCR, aprendí desde mis primeros años como estudiante de don Eduardo Ortiz y luego como asesora de instituciones, cuan importante es el principio de legalidad para entender y diferenciar la capacidad de acción en el ámbito privado y en el público. Jamás imaginé entender este sagrado principio, como la excusa perfecta para que las personas a nivel privado hagan lo que les dé la gana porque no es legalmente prohibido, aunque sea moralmente incorrecto y que los entes públicos se paralicen de miedo y dejen de hacer lo que les corresponde, por no contar con una norma expresa, con puntos y comas, que les autorice; so pena de arriesgar la cabeza de los jerarcas institucionales.
Esto me ha llevado a considerar que la gestión pública corrupta que se trató de detener, hace algunos años, con leyes especiales, se ha convertido en una mediocre y, como tal, deshonesta también, no por acción, sino por omisión en el cumplimiento y atención oportuna de deberes. Debo admitir que los seres humanos, incluidos los abogados, no estamos del todo preparados para prever las consecuencias de nuestras omisiones. Es así como las limitaciones existenciales y los temores legales, se convierten en las gavetas desordenadas, donde van a parar las acciones creativas, ágiles y efectivas de los funcionarios que los electores nos idealizamos. Lo peor es que sobre tales omisiones no hay control de resultados ni rendición de cuentas en nuestra legislación.
Cosas absurdas. Ante la emergencia suscitada con el terremoto del 8 de enero, la parálisis institucional, de que hablo, ha quedado totalmente expuesta. Como excusa, o como estrategia, se ha usado la imposibilidad jurídica para actuar, pese a que existe una ley de emergencia para facilitar y agilizar las cosas. Pretenden que empresas destruidas total o parcialmente paguen impuestos, cuotas sociales, atiendan viejos créditos, se endeuden con tasas comerciales y pidan inspecciones y mil permisos para reconstruirse. Esperan que cinco instituciones analicen individual y reiteradamente los casos de vivienda, inspeccionen, certifique la CNE, para luego tramitar nuevamente, lote, bono, permiso, uso de suelo, plan regulador, plano, nuevo permiso, crédito adicional y mil cosas más. Es absurdo pensar que con ropa y alimentos en albergues y algunos techos, sin fuentes de empleo, sin infraestructura y servicios, y sin posibilidades de superación comunal, se reactivará social y económicamente esta región.
Al tratar los asuntos de una emergencia, extraordinarios per se, no se pueden usar procedimientos ordinarios. Los casos especiales no se pueden solucionar con trámites engorrosos. Los fenómenos complejos no se pueden tratar como si fueran simples. Esto es precisamente lo que esta causando el descontrol, la descoordinación institucional y, desde luego, la impaciencia y el enojo de los afectados.
Han pasado 3 meses del terremoto, casi 100 días y aún no se tienen proyectos integrales de desarrollo con proyección de futuro para Cinchona, Vara Blanca, Poasito, Fraijanes, Sabana Redonda y demás poblados aledaños al volcán Poás. ¿Cómo medir las consecuencias de retrasar el proceso de solución para las más de 2.000 personas sin vivienda, más de 150 empresas afectadas, alrededor de 500 personas con problemas de empleo, muchos km de caminos e infraestructura y servicios por mejorar?
Frustración y estancamiento. Mientras que los funcionarios de las instituciones a quienes compete atender la reconstrucción y reactivación de esta zona, los políticos y jerarcas que los coordinan, le sigan dando rienda suelta a su insensatez, al querer tirar cada quién para su lado en vez de coordinar y dar participación a las comunidades y a sus líderes, no se lograrán concretar soluciones ágiles y legalmente correctas a corto plazo. Si a esto le añadimos, por un lado, el irremediable grupo de legalistas y por otro lado el abundante séquito de oportunistas mercaderes públicos y privados, podemos decir que el futuro luce sombrío e incierto. Esto genera en las organizaciones comunales y empresariales, como la Cámara de Turismo y Comercio de la Región del Volcán Poás, recientemente constituida, procesos desgastantes, frustración, y el estancamiento en las iniciativas de desarrollo y reactivación.
No es mi deseo ver a ninguno de los encargados que atienden los asuntos de la emergencia, cuestionados por irregularidad en sus funciones. Pero sí creo que conviene a todos pensar menos como pusilánimes dependientes del principio de legalidad y más como gerentes facilitadores de una gestión eficiente, dentro del marco jurídico que les asiste, con la sana y correcta finalidad de usar los recursos públicos, para dar soluciones concretas y oportunas a los afectados. Esta sensatez no será mucho pedir en tiempos de crisis de confianza en los políticos, en tiempos en donde la ingobernabilidad se hace cada vez más patente para los administradores bien intencionados.
Lo sensato. Creo que lo sensato es integrar esfuerzos públicos y privados, integrar criterios legales, para lo cual propongo se convoque a un grupo de expertos juristas y especialistas en administración, a que encuentren los caminos viables y la adecuada interpretación de nuestro ordenamiento Jurídico en este caso. De esta manera los funcionarios en vez de sentirse perseguidos, se sentirán apoyados y compelidos, por la opinión pública, por la propia Contraloría General de la República y por la misma prensa, para atender con prontitud y efectividad la urgente recuperación de estas comunidades.
Fuente: La Nación/Opinión.
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