LA LEY DE TRÁNSITO QUE EL PAÍS REQUIERE

Mario Arce Jiménez (*)

En varios comentarios anteriores he expresado mi preocupación en torno a las múltiples "deficiencias" de la Ley de Tránsito.

Parto de los siguientes supuestos: que nos interesa hacer frente, con seriedad y objetividad, a los grandes problemas nacionales, uno de ellos la seguridad vial, de que es una obligación cumplir (y hacer cumplir) las leyes y finalmente de que una ley de tránsito NO ES UNA FÁBRICA DE BOLETAS DE INFRACCIONES NI UN MECANISMO CAMUFLADO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.

Una ley de tránsito mal formulada no solamente se convierte en una deficiente herramienta para enfrentar el problema de los accidentes en las carreteras, sino que también puede provocar otros efectos adversos para la convivencia social y la calidad de vida de los(as) costarricenses.

He insistido en siete aspectos:

1- No se puede enfrentar con éxito un problema si se desconocen sus verdaderas causas, y en este aspecto la citada ley es un típico ejemplo

2- Las disposiciones de la Ley de Tránsito deben tener en cuenta, necesariamente, la realidad del sistema de infraestructura vial que está regulando, y en esto se observa un nocivo divorcio entre la realidad de las carreteras y su señalización con las disposiciones de esa ley

3- Por sus alcances y consecuencias, este proyecto de ley requiere al menos, previo a su aprobación, de un estudio serio de validación (o estudio de simulación) que permita realizar todos los ajustes necesarios, para así dotar al país de una herramienta que le garantice enfrentar con éxito el problema de los accidentes viales. Un proyecto tan importante como éste no puede construirse sobre la base de una antología de buenas intenciones, o como "el promedio" de las presiones de diferentes grupos de interés (o grupos afectados) alrededor del tema

4- Las precarias condiciones técnicas (estándares técnicos) de la red vial y su señalización no solamente son una causa importante de la accidentabilidad en las carreteras, sino que también “inducen” al conductor a cometer infracciones. Solo para citar un ejemplo: ante las precarias condiciones de exceso de curvas y pendientes que desde hace muchas décadas presentan las carreteras, la Administración Vial en lugar de corregir de forma correcta y oportuna el problema, se limita (en el mejor de los casos) a pintar la doble raya amarilla sin tomar en cuenta que las vías NECESARIAMENTE deben brindar al conductor oportunidades de adelantamiento. De este tipo de deficiencias técnicas está plagada la red vial; y si se está tomando en serio el tema de la seguridad vial es de suma importancia que esta realidad se tenga muy presente, no solamente al formular las disposiciones de la Ley de Tránsito, sino también que se les debe dar una altísima prioridad en los programas de trabajo del MOPT-CONAVI

5- Tal y como se ha formulado esta Ley de Tránsito, se da un peligroso margen a la arbitrariedad y a la represión policial, y esto es sumamente preocupante para cualquier sociedad, a lo que se suma el hecho de potenciar la corrupción. Esta es una forma absolutamente inadecuada de enfrentar los grandes problemas nacionales

6- El tema de “los conductores borrachos e irresponsables” en las carreteras requiere de un enfoque específico y riguroso, pero este es apenas una parte del problema, y no debe ser la plataforma para suponer que una “agresiva” ley de tránsito es lo que el país se merece y requiere para resolver el problema de la seguridad vial

7- La Ley de Tránsito como fórmula para cambiar nuestra cultura vial pasa a ser un espejismo, en el tanto que es la Administración Vial la gran responsable de nuestra cultura en las carreteras y del tugurio vial por el cual transitamos (mala señalización, carreteras peligrosas, irrespeto al derecho de vía como bien público, señalamiento vial que no se respeta por sus deficiencias técnicas, uso del derecho de vía para propaganda de interés comercial, vías con muy bajos estándares de seguridad, las carreteras convertidas en un extenso “supermercado” donde se vende desde prestiños hasta vehículos, pésimas condiciones de circulación para los usuarios –congestionamiento, falta de oportunidades de adelantamiento, falta de carriles para vehículos lentos, falta de bahías para los buses- falta de condiciones adecuadas y seguras para la circulación en intersecciones y accesos a las carreteras, proliferación de obstáculos laterales, pésima gestión del derecho de vía, etc., etc.), todo esto le compete de forma exclusiva al MOPT-CONAVI

Con el propósito de ilustrar sobre los anteriores comentarios, y solamente citando un ejemplo relacionado con el tema de la importancia de la validación o simulación antes citada, respetuosamente invito a que se haga un "mini estudio de validación" que incluya únicamente la forma como en la realidad funcionan los límites de velocidad de 40km/h en carreteras como: Interamericana Norte, Interamericana Sur, San José-Limón, Limonal-Tempisque, San José-Caldera, y otras vías similares y se analice lo que sucede al aplicar la Ley de Tránsito en este caso específico.

Conviene destacar que en el caso de los límites de velocidad de 40 km/h, antes señalados, concurren situaciones como las siguientes:

1. El 100% de los conductores sobrepasan el límite establecido, sin que ello implique necesariamente poner en peligro la seguridad de las personas (caso clásico el límite de 40 km/h en los accesos al río Guacimal)

2. Conviene tener presente que ante las diferentes condiciones o situaciones que se presentan en la vía, el conductor reacciona por una alerta o fenómeno que se denomina "riesgo percibido por el conductor" y ante dichas condiciones "especiales" que se presentan en la carretera éste busca la señalización vial para adecuar su conducción ante un posible peligro o situación inesperada (propio o de otros transeúntes), conducta que también aplica cuando se requiere una drástica disminución de la velocidad, de modo que no basta con poner señales de reducción de velocidad de forma indiscriminada o antojadiza, es todo un procedimiento técnico que se debe respetar, de lo contario la señalización no logra el objetivo que persigue, y esto lo demuestra la realidad que se aprecia en las carreteras en estas regulaciones de velocidad que se han colocado, y que sirven de referente para determinar las infracciones de los conductores y para valorar “CONDUCTAS TEMERARIAS” de parte de éstos.

3. Es fundamental que los límites de velocidad cumplan condiciones como las siguientes:

a- Uniformidad: Bajo las mismas condiciones, se deben establecer los mismos límites de velocidad. Esto para no confundir a los conductores y por ende inducirles a que continuamente incumplan tales regulaciones. Esta es una debilidad importante de nuestra señalización vial

b- Fundamentación técnica. Para poner una señal de límite de velocidad se requiere un estudio técnico en el cual se fundamente, no se trata de algo antojadizo y mucho menos de complacer a algún líder comunal que solicite alguna señalización específica para su comunidad

c- Credibilidad. Si los conductores transitan por un tramo de carretera con un límite de velocidad que no tiene ningún sentido, terminan por no acatarlo, y no necesariamente de forma intencional, simplemente NO LO VEN...(recordar el concepto de riesgo percibido por el conductor)

d- Inicio y término. Cuando se coloca una señal de límite de velocidad, necesariamente se le debe indicar al conductor el tramo exacto en el que rige dicha regulación, situación que también es parte del estudio técnico que se requiere para colocar la señal

e- Perfil de velocidades de la carretera. Es muy importante no saturar una vía de constantes cambios de velocidad, el conductor simplemente NO LOGRA ATENDER A TODAS ELLAS, por más que lo intente. La solución pasa por readecuar intersecciones, regular y controlar el acceso indiscriminado a las carreteras (especialmente a las más importantes), construir vías de servicio, colocar pasos peatonales, …

f- etc.

En este caso específico de los límites de velocidad de 40 km/h, se presenta una preocupante realidad:

1- Las multas no están resolviendo el problema de los accidentes

2- El conductor se convierte en una víctima de las deficiencias del sistema vial y su señalización

3- Inspectores, ¿a lo mejor inescrupulosos?, conocedores de esta situación, cuando se ubican en estos sitios (regulaciones de velocidad con deficiencias técnicas), pueden hacer cualquier cantidad de partes, sin que ello implique un aporte a la seguridad vial, pero sí representa un evidente potencial de corrupción y "un maltrato" a los conductores

Bajo la premisa del compromiso de buscar lo mejor para el país, insto a que se analice y reflexione con objetividad en torno a esta ley de tránsito, para que se hagan todas las modificaciones que requiere, y que se complemente con las acciones que con carácter urgente debe implementar el MOPT-CONAVI en la red vial, para así enfrentar con éxito el problema de los accidentes viales, meta a la que todos los costarricenses aspiramos.

* Ingeniero, ex director del Programa de Infraestructura de Transportes del Lanamme/UCR

FUPROVI construyó viviendas a damnificadas por terremoto de Cinchona

Fuente: elpais.cr | 09/01/2010

Redacción (elpais.cr) - La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), conjuntamente con la empresa privada de Costa Rica, trabajó durante el 2009 en la construcción de viviendas para familias que perdieron todo en el terremoto de Cinchona, el 8 de enero del 2009.

La iniciativa para poner en marcha la construcción de las obras surgió a en los primeros meses del año anterior por medio de una modalidad propuesta por la Unión Costarricense de Cámara y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), y FUPROVI en la que la empresa privada podía donar recursos directamente a la Fundación para la construcción de las viviendas.

BAC-Credomatic y la Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos se unieron a la causa, indicó un boletín de prensa de FUPROVI.

Para Eloisa Ulibarri, Directora Ejecutiva de FUPROVI se ha logrado sacar la tarea, “en abril firmamos el convenio con BAC-Credomatic para la donación de recursos que hacían posible poner en pie 5 viviendas y hemos logrado más bien la construcción de 6. De igual forma el convenio con la Asociación era para construir 9 viviendas y logramos 10. Esto nos ha llevado a hacer 16 viviendas cuando en un inicio la donación era para 14, o sea que el proceso ha sido muy eficiente”.

Ulibarri aclaró que la falta de excepciones para atender los casos de emergencia fue la principal limitante para acelerar el proceso, “la tramitología exigida para poder contar con permisos de construcción es exactamente la misma que se le aplica a un caso normal, eso nos ha llevado a un camino largo pasando por todas las instancias correspondientes”.

La selección de las familias se realizó por medio de las listas de afectados facilitadas por el IMAS (Instituto Mixto de Asistencia Social) y la Comisión Nacional de Emergencias después del sismo.

Sin embargo, aclaró que los criterios de selección se basaron en apoyar a aquellas de muy bajos ingresos, que tenían menos posibilidades de ser atendidas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y contaban con un lote apto para construir.

Actualmente, 11 de las familias ya habitan sus nuevas viviendas y las 5 casas restantes están en acabados finales. El tamaño de las soluciones habitacionales es de 42 m2 y estas cumplen con los acabados y distribución básicos de una vivienda de interés social: un baño, dos cuartos, sala y comedor. En algunas viviendas se lograron acabados adicionales.

La Fundación Promotora de Vivienda cuenta con más de 22 años de experiencia en el campo de la vivienda social y el desarrollo comunitario, además, ha participado en la atención de varias emergencias a nivel nacional.

Tragedia en Cinchona: Una emergencia de necesidades

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica entregó informe

Fuente: elpais.cr | 09/01/2010

Redacción (elpais.cr) – La Defensoría de los Habitantes recriminó algunas acciones del Gobierno de Costa Rica en la atención de la tragedia causada por el llamado Terremoto de Cinchona, ocurrido el 8 de enero del año anterior.

El siguiente es el documento completo enviado por la entidad a este medio:

A un año de acontecido el Terremoto de Cinchona, la Defensoría de los Habitantes considera necesario hacer un pronunciamiento de lo que ha sido la respuesta institucional a las necesidades de las y los afectados por la emergencia vivida. Desde el inicio de la emergencia y hasta la actualidad, La Defensoría ha dado seguimiento a cada una de las acciones emprendidas por las instituciones estatales en la atención de las necesidades de las personas afectadas.

El Terremoto de Cinchona puso a prueba el sistema nacional de gestión del riesgo con que cuenta el país, poniendo al descubierto las fortalezas y debilidades en cada una de las fases que componen la atención de una emergencia a saber: Desde la primera respuesta, la rehabilitación de servicios básicos para las y los pobladores, hasta la adecuada reconstrucción de los lugares y de las propias vidas de las personas afectadas.

Si bien es cierto, se reconoce el esfuerzo que el país ha realizado para lograr un avance significativo en el establecimiento y funcionamiento efectivo de dicho sistema, es claro que las particularidades de las emergencias que enfrenta Costa Rica (inundaciones, sismos, actividad volcánica, entre otras), ponen diariamente a prueba dicho sistema, e invita irremediablemente a su revisión, todo en aras de procurar su mejoramiento.

Así, en el caso Cinchona, el país demostró una reconocida capacidad de respuesta al primer impacto generado por la emergencia, que acompañado por la tradicional solidaridad del pueblo costarricense permitió evacuar a gran parte de las y los pobladores del lugar, asegurando su integridad.

Con posterioridad iniciaron las obras de rehabilitación, que en sus fases más complejas se encuentran en proceso aún, tales como la infraestructura vial y las obras de reconstrucción, especialmente en el tema de vivienda e infraestructura educativa.

La Defensoría llama la atención sobre los siguientes aspectos en las distintas fases de atención del evento:

Retraso en la elaboración y depuración de listas de personas afectadas, lo cual se constituyó en un requisito para que el accionar asistencial del Estado se pusiera en marcha, debido a problemas de coordinación interinstitucional y ausencia de procedimientos claros.

La falta de comités locales de emergencia con la debida capacitación, o la ausencia definitiva de los mismos, sumado al desconocimiento o a la ausencia de protocolos para la atención de emergencia de gran magnitud como la vivida, tuvo un efecto directo en el manejo de los albergues temporales, provocando desorden en la distribución de los recursos, confusión o ausencia en la información y duplicación de esfuerzos.

Se evidenció dificultad en el acceso fluido de la información por parte de la población afectada sobre el accionar del Estado y sus instituciones, hecho que provocó mayor angustia en la ya difícil situación de las familias.

En materia de infraestructura educativa se reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación para solucionar, de manera temporal, los problemas que impedían el inicio del año lectivo 2009 en los ocho centros educativos afectados por el terremoto, sin embargo esta Defensoría ha entregado un informe final con recomendaciones al Ministerio de Educación con solicitudes formales que garanticen el acceso al curso lectivo del 2010 con condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa de los distintos centros.

De acuerdo al estado de situación actual, todo pareciera indicar que en inicio del ciclo lectivo del 2010 las escuelas de Lagunilla, Fraijanes, Carrizal de Pavas y Varablanca se llevará a cabo en establecimientos temporales con las mejoras mínimas correspondientes. La Defensoría ha recibido únicamente respuesta verbal por parte de autoridades del MEP donde aseguran que se encuentra solventando técnicamente las dificultades para contar con establecimientos definitivos.

En el tema de dotación de una vivienda digna a las personas afectadas, ha quedado claro que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no tiene previsto procedimientos expeditos para casos como el acaecido, resolviendo la mayoría de las situaciones de emergencia con sus procedimientos ordinarios. Pese a ello, la Defensoría reconoce el esfuerzo importante que se ha realizado y que permitirá en los próximos días que se coloquen las primeras piedras de los proyectos habitacionales que albergarán parte de las familias afectadas. Al respecto, la Defensoría está brindando un puntual seguimiento al avance en las propuestas presentadas, así como a la atención de los requerimientos formulados por las familias afectadas.

No obstante lo anterior, la atención definitiva del tema de vivienda dista mucho de estar resuelta en un corto plazo, siendo que las necesidades planteadas han superado las previsiones institucionales de respuesta. Preocupa a la Defensoría la situación de las personas afectadas que no han podido ser incluidas en los proyectos coordinados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y que, como se había indicado, serían atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias de las que esta Institución no ha podido obtener información del avance de su situación y exhorta a la Comisión a que rinda dichos datos a la mayor brevedad posible.

Uno de los temas prioritarios es el dar seguimiento a la reconstrucción y reposición de obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra. En este particular, la Defensoría ha notado con preocupación que en los últimos meses del año 2009 se paralizaron las obras, sin haber concluido la rehabilitación de las vías públicas, ni haber brindado información a las comunidades sobre la planificación institucional para garantizar la apertura de la carretera a Sarapiquí, que tiene un efecto directo en la situación económica del sector productivo de la zona.

De igual manera, es deber de la Defensoría plantear su preocupación respecto al impacto ambiental que pueda estar generando el depósito de escombros en la remoción de tierras para la rehabilitación de la carretera que va hacia Los Cartagos y hacia San Rafael de Vara Blanca, en los ríos cercanos. En ese sentido, conviene analizar las consecuencias del daño ambiental en los cauces de dichos ríos y más aún, las posibles inundaciones o avalanchas de lodo que se podrían generar. Por lo anterior se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes informar sobre lo actuado en este campo. De igual forma, conviene se valore la necesidad de realizar una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los eventuales daños ambientales causados.

De la misma manera la Defensoría ha sido informada que las terrazas realizadas no tienen una adecuada canalización de las aguas por lo que se han identificado terrazas saturadas con problemas de deslizamiento, sobre este punto, también se ha solicitado informar cuál es el plan de trabajo definido para evitar que la vía de Vara Blanca a los Cartagos no se convierta en un área de constantes cierres de carreteras producto de los deslizamientos provocados por la inadecuada canalización de las aguas.

La prevención frente a las emergencias como la vivida en Cinchona, constituye uno de los instrumentos más eficientes y efectivos para lograr la adecuada atención de los desastres naturales. Esta Institución en sus informes, así como la Contraloría General de la República, han señalado que ha sido la falta de prevención uno de los aspectos que impactan negativamente en el sistema nacional para la atención de las emergencias.

La Defensoría considera que la prevención permanente sigue siendo la fase que mayor atención requiere como un proceso continuo y coordinado que involucra a las comunidades y al Sistema Nacional de Riesgo, el cual, como indicamos, debe fortalecerse e implementarse en cada una de las comunidades del país de manera prioritaria.

Para más detalles se puede consultar el Informe Anual de Labores del período 2008-2009, donde se analizó las condiciones generales de vulnerabilidad de Costa Rica desde la atención de desastres naturales, así como los informes puntuales sobre el terremoto de Cinchona en materia de vivienda y educación.

El tiempo pasa, las necesidades no esperan y el Estado entra en una morosidad en la protección de algunos de los derechos humanos de las personas afectadas por el terremoto de Cinchona, fundamentalmente en derechos tan importantes como el derecho a una vivienda digna, educación y seguridad humana.

(*) Oficina de Prensa, Defensoría de los Habitantes

Viernes 8 de enero del 2010

Pronunciamiento de la Defensoría a un año de la tragedia en Cinchona: Una emergencia de necesidades

Pronunciamiento de la Defensoría
a un año de la tragedia en Cinchona:
Una emergencia de necesidades

A un año de acontecido el Terremoto de Cinchona, la Defensoría de los Habitantes considera necesario hacer un pronunciamiento de lo que ha sido la respuesta institucional a las necesidades de las y los afectados por la emergencia vivida. Desde el inicio de la emergencia y hasta la actualidad, La Defensoría ha dado seguimiento a cada una de las acciones emprendidas por las instituciones estatales en la atención de las necesidades de las personas afectadas.

El Terremoto de Cinchona puso a prueba el sistema nacional de gestión del riesgo con que cuenta el país, poniendo al descubierto las fortalezas y debilidades en cada una de las fases que componen la atención de una emergencia a saber: Desde la primera respuesta, la rehabilitación de servicios básicos para las y los pobladores, hasta la adecuada reconstrucción de los lugares y de las propias vidas de las personas afectadas.

Si bien es cierto, se reconoce el esfuerzo que el país ha realizado para lograr un avance significativo en el establecimiento y funcionamiento efectivo de dicho sistema, es claro que las particularidades de las emergencias que enfrenta Costa Rica (inundaciones, sismos, actividad volcánica, entre otras), ponen diariamente a prueba dicho sistema, e invita irremediablemente a su revisión, todo en aras de procurar su mejoramiento.

Así, en el caso Cinchona, el país demostró una reconocida capacidad de respuesta al primer impacto generado por la emergencia, que acompañado por la tradicional solidaridad del pueblo costarricense permitió evacuar a gran parte de las y los pobladores del lugar, asegurando su integridad.

Con posterioridad iniciaron las obras de rehabilitación, que en sus fases más complejas se encuentran en proceso aún, tales como la infraestructura vial y las obras de reconstrucción, especialmente en el tema de vivienda e infraestructura educativa.

La Defensoría llama la atención sobre los siguientes aspectos en las distintas fases de atención del evento:

1- Retraso en la elaboración y depuración de listas de personas afectadas, lo cual se constituyó en un requisito para que el accionar asistencial del Estado se pusiera en marcha, debido a problemas de coordinación interinstitucional y ausencia de procedimientos claros.

2- La falta de comités locales de emergencia con la debida capacitación, o la ausencia definitiva de los mismos, sumado al desconocimiento o a la ausencia de protocolos para la atención de emergencia de gran magnitud como la vivida, tuvo un efecto directo en el manejo de los albergues temporales, provocando desorden en la distribución de los recursos, confusión o ausencia en la información y duplicación de esfuerzos.

3- Se evidenció dificultad en el acceso fluido de la información por parte de la población afectada sobre el accionar del Estado y sus instituciones, hecho que provocó mayor angustia en la ya difícil situación de las familias.

4- En materia de infraestructura educativa se reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación para solucionar, de manera temporal, los problemas que impedían el inicio del año lectivo 2009 en los ocho centros educativos afectados por el terremoto, sin embargo esta Defensoría ha entregado un informe final con recomendaciones al Ministerio de Educación con solicitudes formales que garanticen el acceso al curso lectivo del 2010 con condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa de los distintos centros.

De acuerdo al estado de situación actual, todo pareciera indicar que en inicio del ciclo lectivo del 2010 las escuelas de Lagunilla, Fraijanes, Carrizal de Pavas y Varablanca se llevará a cabo en establecimientos temporales con las mejoras mínimas correspondientes. La Defensoría ha recibido únicamente respuesta verbal por parte de autoridades del MEP donde aseguran que se encuentra solventando técnicamente las dificultades para contar con establecimientos definitivos.

5- En el tema de dotación de una vivienda digna a las personas afectadas, ha quedado claro que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no tiene previsto procedimientos expeditos para casos como el acaecido, resolviendo la mayoría de las situaciones de emergencia con sus procedimientos ordinarios. Pese a ello, la Defensoría reconoce el esfuerzo importante que se ha realizado y que permitirá en los próximos días que se coloquen las primeras piedras de los proyectos habitacionales que albergarán parte de las familias afectadas. Al respecto, la Defensoría está brindando un puntual seguimiento al avance en las propuestas presentadas, así como a la atención de los requerimientos formulados por las familias afectadas.

No obstante lo anterior, la atención definitiva del tema de vivienda dista mucho de estar resuelta en un corto plazo, siendo que las necesidades planteadas han superado las previsiones institucionales de respuesta.

Preocupa a la Defensoría la situación de las personas afectadas que no han podido ser incluidas en los proyectos coordinados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y que, como se había indicado, serían atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias de las que esta Institución no ha podido obtener información del avance de su situación y exhorta a la Comisión a que rinda dichos datos a la mayor brevedad posible.

6- Uno de los temas prioritarios es el dar seguimiento a la reconstrucción y reposición de obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra. En este particular, la Defensoría ha notado con preocupación que en los últimos meses del año 2009 se paralizaron las obras, sin haber concluido la rehabilitación de las vías públicas, ni haber brindado información a las comunidades sobre la planificación institucional para garantizar la apertura de la carretera a Sarapiquí, que tiene un efecto directo en la situación económica del sector productivo de la zona.

7- De igual manera, es deber de la Defensoría plantear su preocupación respecto al impacto ambiental que pueda estar generando el depósito de escombros en la remoción de tierras para la rehabilitación de la carretera que va hacia Los Cartagos y hacia San Rafael de Vara Blanca, en los ríos cercanos. En ese sentido, conviene analizar las consecuencias del daño ambiental en los cauces de dichos ríos y más aún, las posibles inundaciones o avalanchas de lodo que se podrían generar. Por lo anterior se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes informar sobre lo actuado en este campo. De igual forma, conviene se valore la necesidad de realizar una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los eventuales daños ambientales causados.

De la misma manera la Defensoría ha sido informada que las terrazas realizadas no tienen una adecuada canalización de las aguas por lo que se han identificado terrazas saturadas con problemas de deslizamiento, sobre este punto, también se ha solicitado informar cuál es el plan de trabajo definido para evitar que la vía de Vara Blanca a los Cartagos no se convierta en un rea de constantes cierres de carreteras producto de los deslizamientos provocados por la inadecuada canalización de las aguas.

La prevención frente a las emergencias como la vivida en Cinchona, constituye uno de los instrumentos más eficientes y efectivos para lograr la adecuada atención de los desastres naturales. Esta Institución en sus informes, así como la Contraloría General de la República, han señalado que ha sido la falta de prevención uno de los aspectos que impactan negativamente en el sistema nacional para la atención de las emergencias.

La Defensoría considera que la prevención permanente sigue siendo la fase que mayor atención requiere como un proceso continuo y coordinado que involucra a las comunidades y al Sistema Nacional de Riesgo, el cual, como indicamos, debe fortalecerse e implementarse en cada una de las comunidades del país de manera prioritaria.

Para más detalles se puede consultar el Informe Anual de Labores del período 2008-2009, donde se analizó las condiciones generales de vulnerabilidad de Costa Rica desde la atención de desastres naturales, así como los informes puntuales sobre el terremoto de Cinchona en materia de vivienda y educación.

El tiempo pasa, las necesidades no esperan y el Estado entra en una morosidad en la protección de algunos de los derechos humanos de las personas afectadas por el terremoto de Cinchona, fundamentalmente en derechos tan importantes como el derecho a una vivienda digna, educación y seguridad humana.

Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes
Viernes 8 de enero del 2010

A un año del Terremoto de Cinchona

/PAÍS

Diseño y montaje: Juan Pablo Carranza

Falta de vivienda y carretera agobian a afectados por terremoto

Sismo en Cinchona hace un año

Ruta nacional 126 permanece cerrada y solo 176 afectados obtuvieron casa

Ministros alegan que magnitud del evento impidió acciones más rápidas

Alonso Mata B. | amata@nacion.com

Publicado: 2010/01/08

Falta de vivienda, pocas fuentes laborales, caída del turismo y el cierre de la principal carretera son las mayores réplicas del terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter, que se produjo hoy hace un año en la zona de Cinchona de Alajuela.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

• ‘El avance ha sido lento’
• Burocracia entrabó ayuda ciudadana

El conjunto de carencias tiene su epicentro en la falta de coordinación estatal, la burocracia y el incumplimiento de promesas por parte del Gobierno.

Las víctimas son los pobladores del extinto poblado de Cinchona, San Miguel (Sarapiquí), Poasito, Fraijanes, Sabana Redonda (todas estas de Alajuela) y Varablanca (Heredia), zonas golpeadas por el desastre natural.

El terremoto de hace un año afectó en total a 102 comunidades, 125.548 personas (de las cuales fallecieron 30) y generó daños en 2.256 viviendas y 20 kilómetros de carretera. La estimación total de pérdidas es de $136 millones.

Equipos de La Nación visitaron las comunidades y comprobaron las limitadas acciones por parte de los distintos ministerios.

A kilómetros de distancia, en sus oficinas de San José, los jerarcas estatales reconocen el lento proceso, aunque se defienden alegando que la magnitud del temblor impidió una actuación más ágil.

Sin camino. El principal mal que agobia a los pobladores de las zonas afectadas es el cierre de la ruta nacional N.° 126, que comunica a Cinchona con Heredia. La carretera es de suma importancia para el turismo y la agricultura.

Actualmente para llegar a Heredia los habitantes de Cinchona, Cariblanco, Ujarrás o San Miguel deben dar la vuelta por el túnel Zurquí, ruta 32; lo que hace que el viaje pase de 20 minutos a dos horas.

Marco Vargas, ministro de Transportes y coordinador de la comisión de reconstrucción, explicó que la ruta se ha habilitado en un 95% y que se han invertido ¢6.000 millones.

No obstante, confesó que existen tres kilómetros, cercanos al hotel Water Fall Garden, que no se podrán reparar debido a la magnitud de los daños.

Debido a esto se tendrá que habilitar un tramo de ocho kilómetros por la montaña, trabajos que podrían demorarse todo este año.

El costo de la obra es de $12 millones y aún se desconoce de dónde provendrá el financiamiento.

“Sabemos que es una vía muy importante, pero es una obra mayor, va a tardar”, dijo Vargas, quien reconoció que hasta la fecha no se han abierto alternativas a los pobladores ante el cierre de la vía.

Esto también dificulta las opciones laborales de los pobladores de la zona pues solo hay servicio de buses a las 5:30 a. m. y 12: 30 p. m.

Carlos Mora, habitante de Ujarrás, dijo que una de las pocas opciones de trabajo en el sector es la planta de jaleas El Ángel.

Ricardo Díaz, gerente de mantenimiento de la empresa, indicó que las solicitudes de empleo se han disparado desde el terremoto. Antes del sismo la empresa empleaba a 300 personas, ahora el número es de 260.“ Todo el mudo nos pide trabajo, no podemos con todos”, detalló.

Sin techo. La otra gran carencia de los pobladores es la de vivienda, pues de las 1.075 familias damnificadas –que sufrieron pérdida total de sus casas– solamente 176 obtuvieron un techo propio (136 construyeron con bono de vivienda y 40 fueron casas donadas por la empresa privada); el resto aún está en espera de una vivienda.

Lo anterior pese a que Clara Zomer, titular de Vivienda, se había comprometido tener listas al menos 271 casas en el primer semestre del año pasado; posteriormente movió la promesa al último trimestre de ese mismo año.

Ahora Zomer propone tener al menos iniciado los proyectos de vivienda pendientes en los primeros seis meses del 2010. Entre esos se destaca el que se construirá en La Nueva Cinchona, pueblo que sustituirá a la extinta comunidad.

Dicho pueblo se levantará en Cariblanco , albergará a 83 familias y se financiará con ¢2.100 millones provenientes de una campaña de donaciones ciudadanas.

Desánimo. Ante este panorama los habitantes de las zonas afectadas piden menos discurso y más trabajo por parte del Gobierno.

Gabriela Rodríguez, líder comunal de San Miguel y microempresaria turística, dijo que han tenido que caminar “cuesta arriba y solos” para salir adelante.

“Lo que hemos hecho, lo hemos hecho nosotros (la comunidad) porque somos trabajadores; de lo contrario estaríamos en la ruina, la ayuda no ha sido la necesaria”. Colaboró Jorge Esquivel.

FOTOS

• 

  Los embates del terremoto de hace un año se reflejan en la destrucción total del pueblo de Cinchona, en Sarapiquí de Alajuela; el poblado entero fue declarado inhabitable y ahora solo quedan escombros. José Díaz

Más indignación que esperanza...

‘Vamos solos cuesta arriba’

Nombre: Gabriela Rodríguez

Ocupación: microempresaria

Residencia: San Miguel

“Las ayudas para el turismo fueron muy pocas; si no fuera porque somos muy trabajadores, estaríamos en la ruina, vamos a empujones, reconstruyendo nosotros mismos, faltan muchas cosas para salir de esto”.

‘Necesitamos más empleo’

Nombre: Noemy Godoy

Ocupación: empleada de el Ángel

Residencia: Cariblanco

“Aquí las oportunidades laborales son muy pocas, la gente tiene que caminar kilómetros para ir a los lugares de trabajo porque no hay carretera; además, todavía estamos a la espera de vivienda, ha sido un año fatal”.

AyuDA DE ONG Y EMPRESA PRIVADA

Burocracia entrabó aporte ciudadano

La burocracia y descoordinación estatal entrabó no solo las acciones de las entidades gubernamentales, sino de las organizaciones sociales y de las empresas privadas. Uno de los afectados fue el grupo “Un techo para mi país”, cuya finalidad era dotar de una vivienda temporal a los damnificados por el terremoto; sin embargo, la lista de los beneficiarios, labor del Ministerio de Vivienda, tuvo severos atrasos, por lo cual la organización tuvo que ir a buscar (por su propia cuenta) a quienes requerían casa. La otra traba evidente fue la utilización del monto de fideicomiso BCR-Repretel de ¢2.100 millones, recaudado en una campaña ciudadana. Hasta ahora el dinero no se ha empleado debido inicialmente a trabas burocráticas, aunque ya se conoce que se destinará a la construcción de la Nueva Cinchona.

Terremoto de Cinchona develó falta de prevención en catástrofes

A un año del terremoto, Gobierno en deuda con los informes oficiales

Fuente: elpais.cr | 08/01/2010

San José (elpais.cr) - A pesar de que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), fijó en unos 500 millones de dólares la pérdidas por el terremoto de Cinchona, la Red Sismológica Nacional (RSN), de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aseguró en el informe final la dificultad para cuantificar el daño.

El jueves 8 de enero, a las 13;21 horas, un fuerte sismo sacudió la región norte del Valle Central de Costa Rica, propiamente unos 40 kilómetros al norte de la ciudad capital, en el límite de las provincias de de Heredia y Alajuela.

El sismo tuvo una magnitud Mw 6,2, una profundidad de 6,0 km, una intensidad máxima de lX en la zona mesosísmica, un área de ruptura de unos 72 kilómetros cuadrados y está asociado con un callamiento denominado falla Ángel‐Varablanca de dirección NW‐SE, ubicado en el flanco este del volcán Poás. Este sistema de falla tuvo su última actividad en junio del 2005.

Las personas interesadas pueden consultarlo en la página web de la RSN, en la dirección: (http://www.rsn.geologia.ucr.ac.cr/ El documento consta de 138 páginas y en su elaboración participaron casi 20 profesionales, entre geólogos, sismólogos, vulcanólogos e ingenieros de la UCR y del ICE.

La presente actividad se inició el día miércoles 7 de enero de 2009, con un evento precursor de magnitud Md 4,6, que ocurrió en la zona cercana a la localidad de Varablanca a las 10 am. La actividad de réplicas fue continua por unas tres semanas y se registraron más de 1600 de magnitudes mayores a 2,5 Md. Se reportaron serios daños en carreteras y caminos, principalmente en la zona entre Cinchona y Varablanca, al norte de Heredia.

En viviendas y edificaciones hubo graves daños y alarma general en la población en la parte central del país, 25 personas fallecieron, y hay 17 personas desaparecidas. Algunas obras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ubicadas en la zona como la presas de PH Toro II y PH Cariblanco fueron afectadas parcialmente.

El servicio eléctrico sufrió averías serias en la zona del epicentro y en el área metropolitana se interrumpió por una hora. Los servicios telefónicos se saturaron también por al menos unas dos horas. Históricamente, la zona norte de las ciudades de Alajuela y Heredia, ha sido afectada por varios terremotos importantes, como fueron los ocurridos en 1851 (M 6,0), 1888 (M 6,0), 1911 (M 6,1), 1912 (M 6,1) y 1955 (M 5,8).

La última actividad sísmica previa al terremoto del 8 de enero del 2009 fue un enjambre sísmico ocurrido en la misma zona en junio y julio del 2005, relacionado con el sistema de falla Ángel‐Varablanca.

Daño

Del informe final emitido por la CNE para este terremoto (http://www.rsn.geologia.ucr.ac.cr/), se habla de unos 280.765 millones en pérdidas (unos $492 millones), pero la dificultad de cuantificar el daño, parte de informaciones difusas, donde ni siquiera la simple sumatoria de personas y familias afectadas concuerda con los totales que se mostraron en prensa o informes oficiales y cuando era de esperar que en un albergue, luego de un número aceptable de días de permanencia la cantidad de personas decrezca, en muchos de los números mostrados la cifra más bien tendió a aumentar.

¿Por qué del daño?

El informe sostiene que la zona más afectada no supera los 20 kilómetros cuadrados y estaba casi despoblada, solo con dos o tres pequeños caseríos y la mitad de muertes se dieron en un solo lugar ‐una soda‐ y la mayoría a lo largo de la ruta que zanja pendientes casi verticales, lo cual se aproxima a las estadísticas que indican que el 75% de muertes son causadas por el colapso de estructuras civiles, el 63% por colapso de estructuras de mampostería y un 23% por causas no estructurales o post‐evento y que los efectos provocados por terremotos son más nocivos que otros desastres (Loaiza & Biondet, referencia en marco conceptual, CEPAL, 2001).

Agrega que son determinantes del daño fueron las condiciones locales del suelo: elevadas pendientes de la región, saturación de humedad en los suelos, suelos de origen volcánico de baja consistencia, régimen hídrico de la zona y abundancia de quebradas y ríos.

Destaca que como muy probable que la deforestación contribuyera a la inestabilidad de los terrenos, la ocupación del suelo presenta un sobre uso importante en el sector de los poblados Los Cartagos y Cinco Esquinas, inestabilidad de los terrenos, aumentando su vulnerabilidad ante amenazas naturales como sismos, altos niveles de precipitación (entre 3.259,6 mm y 4.118,3 mm), inestabilidad de laderas, amenazas naturales como deslizamientos, erosión por pastoreo, barrancos, sismos históricos, fallas geológicas e inundación por acumulación de basura en los cauces, uso del suelo inadecuado (Hernando et al. 2003).

La ubicación de viviendas y carreteras en lugares de fuerte pendiente, definitivamente también contribuyó para que colapsaran y se deslizaran parcial o totalmente.

Producto de los abundantes deslizamientos, los ríos modificaron su dinámica debido al aporte de sedimentos a su cauce y los que de todas maneras poseen un potencial de amenaza alto en relación a avalanchas podrían aumentar esta amenaza, especialmente a inicios de la época lluviosa (ríos Poasito, Desengaño, Prendas, Tambor y Alajuela, cercanos a poblados como Fraijanes, Poasito y Los Cartagos).

Además de la magnitud (6,2 grados) y de la cercanía al epicentro, factores como el diseño de edificaciones con problemas estructurales que no siguieron el código sísmico, la pertenencia a grupos sociales de bajos ingresos, como lo evidencia el tipo de material y el diseño de las viviendas, agregados o ampliaciones a la estructura principal.

Asegura que ninguna casa sufrió impactos por avalanchas; la topografía de Sabana Redonda no permite la construcción de casas en el fondo de los cauces de ríos o quebradas y muchas construcciones fueron construidas sin la supervisión de un profesional en ingeniería o arquitectura y se otorgaron permisos de construcción en todas las municipalidades, sin que debieran hacerse.

Construcciones

El estudio explica que se podría achacar esta debilidad a la deficiente información técnica que poseían los propietarios en el momento de construir viviendas, lo cual podría indicar un carácter clandestino y si fuese así, la debilidad abarcaría a las instituciones encargadas de evitar este proceder.

Las iglesias, escuelas, restaurantes dañados o destruidos y la única fábrica tenían serias deficiencias constructivas y en contraste, la mayoría de los hoteles de más elevados niveles de control y técnica sufrieron daños menores, según la información aportada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Recomienda el estudio realizar una evaluación de las prácticas de construcción. “Una de nuestras grandes preocupaciones es que hay evidencias preliminares de errores gravísimos de construcción, columnas que faltan, casas sobre rellenos con mala compactación... puede ser una señal de mucha edificación, sobre todo rural, que no sigue la normativa”.

Observaciones

Refiere que luego de una catástrofe surgen muchas voces, principalmente las que hacen referencia a que debieron haberse corregido múltiples elementos para que la misma no se produjese, surgen ofrecimientos varios, voces de alerta, campos pagados, cambios en requisitos legales, etc. hasta que todo queda otra vez en el olvido y vuelve el próximo desastre.

Advierte el estudio que mientras no haya una modificación en la cultura referente a la gestión del riesgo en el país, donde la memoria realmente se utilice, donde no se autoricen permisos en condiciones inapropiadas y el paradigma del desastre se base en una real planificación, no en una actitud improvisada, se seguirán recibiendo los embates de terremotos, inundaciones y demás desastres, algunos más, algunos menos. Un desastre es tal, hasta que afecta al ser humano, no antes.

¿Cuánto cuesta un desastre?

Los científicos precisan que uno de los primeros pasos antes de emitir cualquier planificación financiera, una de las preguntas elementales es ¿cuánto se necesita para realizar la acción? – pues bien, en materia de gestión del riesgo, debería conocerse con mayor detalle el valor real de un desastre, con el fin de tener una aproximación de lo que debe invertirse para minimizar los efectos de los próximos.

Información

En materia de recopilación de datos referentes al terremoto, de la misma forma como ha sucedido con un buen número de emergencias acaecidas en el país, señala que se revela un factor común: la dificultad de encontrar una manera estandarizada de recopilar la información relacionada con los diferentes sectores afectados y el lenguaje diferente utilizado por las diferentes instituciones.

Mientras que algunos sectores, facilitan información actualizada y hasta la publican con un sinnúmero de detalles, otros presentan escasa o nula información.

Por dicha razón, el dato final de lo que cuesta un desastre como el terremoto de Cinchona, no podrá ser definido con el mayor de los aciertos en el estudio, aunque sí con un amplio margen de proximidad, de acuerdo con el nivel de detalle que se ha utilizado.

Los estudios de la Contraloría determinaron que durante esta administración, la CNE se “autonombró” como unidad ejecutora en diversos proyectos y concentró la estimación del daño ocasionado por la emergencia, la elaboración de la solución, la organización del concurso de compra y la supervisión del control de calidad de los proyectos, siendo esta práctica contraria al principio de legalidad administrativa (y que obviamente redunda en la dificultad de normar la información).

Recordó que tres estudios previos de la contraloría ya lo habían señalado y hasta en medios de prensa de años anteriores se hablaba del asunto.

Destaca el estudio que los mismos informes de situación emitidos por la CNE, no guardan una relación coherente entre todos los temas que se incluyen dentro del mismo y ni siquiera en muchos de los casos en la acumulación de la información.

Inclusive, datos dentro de un mismo informe, difieren de una sección a otra; por ejemplo, un tema tan relevante como la cantidad de fallecidos, se menciona en el último informe oficial que “El sismo principal causó daños importantes a la población ocasionando hasta este informe 20 muertos…” (Informe No. 19, CNE) y en el mismo se indica luego, que los muertos son 23.

Esto es una muestra de la necesidad imperativa de normalizar la presentación de la información. Aún cuando una muerte puede cuantificarse en un costo, de acuerdo con valoraciones económicas de daños diversas (como la propuesta por CEPAL), no se presentó en el informe, por diversas razones.

Si a todas las instituciones que intervienen en un evento se les solicita la información con base en una base preestablecida, se tendrán mejores opciones de recibir los datos pertinentes; sino, seguirá quedando a la libre la manera de presentar los mismos.

Recomendaciones

Entre otras recomendaciones, propone “llevar un control pormenorizado de lo recibido y por parte de una entidad directora, con el fin de que un objeto tan noble como una donación, sea utilizado de la mejor manera. Sobra justificar este control…”.

En cuanto a planificación, sostiene que un plan de emergencias no es solo un documento que se escribe para cumplir un requisito, ni es un directorio telefónico, ni una serie interminable de pasos a seguir, ni un adorno en una biblioteca, sino que debe ser un instrumento práctico que sea utilizado y corroborado.

Además, debe contarse con personal que sepa qué hacer, cómo dirigir y qué acciones tomar en una situación de desastre, así como establecer las bases de comunicación entre las diferentes instituciones al momento de un evento. Debe saberse qué protocolos de acción seguir, los planes de acción por tomar y sobretodo, que se le de seguimiento a todo lo estipulado.

Dadas las reacciones de diversas instituciones, se encontraron deficiencias en las comunicaciones entre empresas, el ente rector pecó en muchos apartados, muchas personas sin práctica en la materia figuraron y entre otras se mencionó que Asociaciones administradoras de acueductos locales, conocidas como ASADAS, no tuvieron planes de atención de emergencias.

La falta de poner en práctica acciones en simulacros de valor, fue puesto en evidencia, como además quedó en claro en el sector salud, donde especialistas médicos llegaron incluso a manifestar que “tuvimos que construir procedimientos sobre la marcha”, destacando además la necesidad de una adecuada comunicación, según evidenció la Revista informativa oficial del Colegio de Médicos y Cirujanos, de marzo anterior.

En cuanto al impacto en las familias, resalta que además de que la mujer en muchos casos lleva la jefatura del hogar, en los programas de rehabilitación y reconstrucción resulta necesario diseñar programas y proyectos específicos que ellas mismas deberán llevar a la práctica.

“La gente que trabaja aquí es del pueblo; las mujeres en muchos casos amas de casa y jefas de hogar, suelen trabajar en labores agrícolas y quizá ahora no tienen con qué hacer frente a la situación y no se sabe a ciencia cierta las necesidades de este sector de la población”, concluye el estudio.