Crucitas: Crónica de una observadora en la Audiencia del Tribunal de Apelaciones

Hoy estuve hoy afuera de la Sala donde se llevaba la audiencia del Tribunal de Apelaciones que estaba viendo la solicitud de la empresa minera Industrias Infinito, concesionaria de la mina Crucitas, para que se levanten las medidas cautelares que impiden que la minera pueda empezar a destruir toda la zona para extraer oro en Crucitas.

Llegué a las 8:30 am a Contencioso Administrativo (antigua Motorola) porque entendimos que la audiencia era ahí pero en realidad fue en los Tribunales de Goicochea, ahí me encontré a un joven luchador cuyo nombre es Carlos, pero que los que lo queremos le decimos Carlitos y ahí nos informaron que la audiencia no era en esas instalaciones sino en la Sala 7, Tercer Piso de los Tribunales de Goicochea, que trasladaron la audiencia porque eran muchas las personas que esperaban que asistieran y además se esperaban manifestantes.

Triste me sentí porque no había manifestantes, ni otras personas conocidas, pero ya ahí no quedaba otra que irnos raudos y veloces a los Tribunales de Goicochea, al fin Carlos y yo llegamos a los tribunales y claro, la Sala 7 es de las salas que tiene restringido el acceso con guarda y aunque hubiera campo no hubo campo para nosotros dos.

Nos quedamos en el Tercer Piso viendo lo que pasaba, mostrando signos externos para que se supiera que hay gente en contra de la Minería a Cielo Abierto, al rato llegó don Gilberth del Comité de las Barras y ahí estuvimos entretenidos hablando. En el pasillo estuvimos acompañados por lo menos con unas 12 personas de la zona de Crucitas, traídos en autobús o buseta por la minera, no enteramos de esto porque estaban hablando del viaje, que unos vinieron por Bajos del Toro, que estuvo bonito el viaje, cuando vieron nuestros signos externos se preguntaron si podrían sacar su “Sí a Crucitas” porque les dijeron que no lo hicieran….

Alrededor de las 10:30 am salió la audiencia, Edgardo Araya y Gino de APREFLOFAS informaron que mañana Martes 15 de junio del 2010 a las 4 pm. en la Sala 7 Sala 7, Tercer Piso de los Tribunales de Goicochea, Frente a la Clínica Católica se leerá la Resolución sobre la Apelación de las Medidas Cautelares.

Salió la prensa, la periodista de canal 7 vino hacia mí y me dijo que si podía hablar conmigo ya que estaba muy bien identificada y entonces me pregunté, ¿Qué puedo hacer? No hay nadie más que pueda dar declaraciones, ciudadanos somos pocos, ya entrevistaron a Edgardo y a Gino entonces respiré y di declaraciones….con un profundo sentimiento que esta lucha apenas empieza y que es urgente que coordinemos acciones, somos muchos los que estamos en contra de Crucitas y somos muchos los que estamos dispuestos a hacer muchas cosas para detener esta actividad depredadora.

Por esto, cuando ya estábamos afuera nos encontramos con Ingrid Molina, una joven estudiante de Biología y decidimos en el acto con las 4 personas presentes auto-convocar y auto-convocarnos para mañana martes a las 2 pm. para hacer alguna presión en la Sala 7 o en las afueras de los Tribunales si llega más gente.

Yo llevaré un megáfono y una plantita de sonido de los comités patrióticos, Ingrid llevará una manta y ahí estaremos esperando a todos los que quieran manifestar su repudio a la Minería a Cielo Abierto en Crucitas. Todos juntos podemos!!

Acción auto-convocada “Venimos a recordarles que NO queremos CIANURO en CR-ucitas”
Contra el levantamiento de las MEDIDAS CAUTELARES
Fecha: Martes 15 de junio
Hora: 2 pm.
Lugar: Frente a la entrada principal de los Tribunales de Goicochea (frente al Hospital-Clínica Católica) / Audiencia en la Sala 7, Tercer Piso, Tribunales de Goicochea.

Saludos, Marcela

Abuso Policial, Irrespeto a la Autonomía Universitaria, entre otras cosas

Me parece que todos los que participamos en este sitio tenemos que reflexionar seriamente que significa ser de la UCR y más general ser de Universidad Pública.

En este foro hay expresiones que muestran claramente que se reproduce la ideología de odio contra la UCR, tales como vagos, chancletudos, vividores de la beca, siento vergüenza de ser de la U, etc., sin darse cuenta que repetir esta clase de epítetos es descalificar no sólo a los estudiantes y funcionarios sino a todos los graduados de la UCR y de la Universidad Pública y con esto contribuir con los negocios privados en materia de educación, especialmente en educación universitaria.

Sólo pido eso reflexionemos, la UCR y de la Universidad Pública no es un lugar de estudiantes vagos sin oficio, todo lo contrario son semilleros de líderes para nuestro país, es donde se forman más que técnicos, se forman profesionales con reconocimiento internacional, se forman personas conscientes que trabajarán por la construcción de un mejor país para todos y lo más importante personas críticas, con derechos y dispuestas a defenderlos.

Puedo aceptar que tal vez se salió de control, pero hay que ser críticos con la noticia, no creer sin reflexionar lo que muestran los medios de comunicación, Canal 7, Repretel y la Nación enfocaron la noticia desde el inicio contra la UCR, sus estudiantes, sus funcionarios y de paso contra los graduados.

Muchos comentarios dan por sentado que las cosas fueron como dicen los medios de comunicación, sin tomarse la molestia de hacer un análisis crítico ni aprovechar lo valioso de las redes sociales donde se pueden leer casi inmediatamente los testimonios de los testigos presenciales, sólo analicen:

• Ningún medio transmitió en vivo, aunque la hora en que estaban ahí lo permitía, se editó y luego se transmitió un avance después de las 2 pm. en ambos noticieros.
• Fueron 2 incursiones.
• En la primera incursión cuando entraron por el presunto corrupto no había alboroto, no había tanta gente sólo había reclamos por entrar sin la debida coordinación.
• Ante eso la policía, la OIJ, se molesta, no responde, no da explicaciones a la gente y llama a refuerzos.
• Los refuerzos incluyen a policías de la Fuerza Pública, los cuales entran también sin autorización para reprimir a los estudiantes en su propio campus.
• Las noticias se enfocaron hacia la violencia de los estudiantes y funcionarios de la UCR y se enfatiza en el derecho de la policía a entrar a la universidad.
• Los policías del OIJ son funcionarios públicos, deberían estar capacitados para tratar con personas, fueron prepotentes y fueron los que provocaron a las personas universitarias que estaban reclamando el derecho a la Autonomía Universitaria.
• Un ejemplo que muestra que algo en la noticia no calza bien es el video editado en el sitio web de Canal 7 (http://www.teletica.com/noticia-detalle.php?id=43090&idp=1), ahí se ve como el periodista entrevista al Presidente de la Asociación de Derecho con toda normalidad y luego se ve en las imágenes como la policía lo golpea, le quiebra los dientes y se lo carga.

Por lo que hay que hacerse también algunas preguntas importantes:
¿Qué pasó en realidad?, esto es ¿cuál fue el hecho objetivo?

• ¿El OIJ y la policía conocen el sustento legal de la Autonomía Universitaria?
• ¿Porqué los policías que entraron inicialmente no se retiraron para evitar conflictos, esto aún sin conocer el asunto de la Autonomía Universitaria?
• ¿Quién da la orden de pedir refuerzos para reprimir a los estudiantes?
• ¿Quién da la orden de ingresar a los refuerzos al campus universitario?
• ¿Porqué los refuerzos no se retiran del campus por el frente de la Facultad de Educación (el perímetro está abierto) sino que caminan hacia la Facultad de Bellas Artes provocando más molestia entre los universitarios?
• ¿Fue esta acción una provocación?
• ¿Fue esta acción una prueba para el movimiento social?

Desde hace algún tiempo muchos nos hemos dado a la tarea de reflexionar todas las noticias porque estamos viviendo tiempos y gobiernos en los cuales los costarricenses no podemos confiar, ante esto les dejo la mejor herramienta: analizar y reflexionar y les pido el favor que lo hagan de ahora en adelante.

LA LEY DE TRÁNSITO QUE EL PAÍS REQUIERE

Mario Arce Jiménez (*)

En varios comentarios anteriores he expresado mi preocupación en torno a las múltiples "deficiencias" de la Ley de Tránsito.

Parto de los siguientes supuestos: que nos interesa hacer frente, con seriedad y objetividad, a los grandes problemas nacionales, uno de ellos la seguridad vial, de que es una obligación cumplir (y hacer cumplir) las leyes y finalmente de que una ley de tránsito NO ES UNA FÁBRICA DE BOLETAS DE INFRACCIONES NI UN MECANISMO CAMUFLADO DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.

Una ley de tránsito mal formulada no solamente se convierte en una deficiente herramienta para enfrentar el problema de los accidentes en las carreteras, sino que también puede provocar otros efectos adversos para la convivencia social y la calidad de vida de los(as) costarricenses.

He insistido en siete aspectos:

1- No se puede enfrentar con éxito un problema si se desconocen sus verdaderas causas, y en este aspecto la citada ley es un típico ejemplo

2- Las disposiciones de la Ley de Tránsito deben tener en cuenta, necesariamente, la realidad del sistema de infraestructura vial que está regulando, y en esto se observa un nocivo divorcio entre la realidad de las carreteras y su señalización con las disposiciones de esa ley

3- Por sus alcances y consecuencias, este proyecto de ley requiere al menos, previo a su aprobación, de un estudio serio de validación (o estudio de simulación) que permita realizar todos los ajustes necesarios, para así dotar al país de una herramienta que le garantice enfrentar con éxito el problema de los accidentes viales. Un proyecto tan importante como éste no puede construirse sobre la base de una antología de buenas intenciones, o como "el promedio" de las presiones de diferentes grupos de interés (o grupos afectados) alrededor del tema

4- Las precarias condiciones técnicas (estándares técnicos) de la red vial y su señalización no solamente son una causa importante de la accidentabilidad en las carreteras, sino que también “inducen” al conductor a cometer infracciones. Solo para citar un ejemplo: ante las precarias condiciones de exceso de curvas y pendientes que desde hace muchas décadas presentan las carreteras, la Administración Vial en lugar de corregir de forma correcta y oportuna el problema, se limita (en el mejor de los casos) a pintar la doble raya amarilla sin tomar en cuenta que las vías NECESARIAMENTE deben brindar al conductor oportunidades de adelantamiento. De este tipo de deficiencias técnicas está plagada la red vial; y si se está tomando en serio el tema de la seguridad vial es de suma importancia que esta realidad se tenga muy presente, no solamente al formular las disposiciones de la Ley de Tránsito, sino también que se les debe dar una altísima prioridad en los programas de trabajo del MOPT-CONAVI

5- Tal y como se ha formulado esta Ley de Tránsito, se da un peligroso margen a la arbitrariedad y a la represión policial, y esto es sumamente preocupante para cualquier sociedad, a lo que se suma el hecho de potenciar la corrupción. Esta es una forma absolutamente inadecuada de enfrentar los grandes problemas nacionales

6- El tema de “los conductores borrachos e irresponsables” en las carreteras requiere de un enfoque específico y riguroso, pero este es apenas una parte del problema, y no debe ser la plataforma para suponer que una “agresiva” ley de tránsito es lo que el país se merece y requiere para resolver el problema de la seguridad vial

7- La Ley de Tránsito como fórmula para cambiar nuestra cultura vial pasa a ser un espejismo, en el tanto que es la Administración Vial la gran responsable de nuestra cultura en las carreteras y del tugurio vial por el cual transitamos (mala señalización, carreteras peligrosas, irrespeto al derecho de vía como bien público, señalamiento vial que no se respeta por sus deficiencias técnicas, uso del derecho de vía para propaganda de interés comercial, vías con muy bajos estándares de seguridad, las carreteras convertidas en un extenso “supermercado” donde se vende desde prestiños hasta vehículos, pésimas condiciones de circulación para los usuarios –congestionamiento, falta de oportunidades de adelantamiento, falta de carriles para vehículos lentos, falta de bahías para los buses- falta de condiciones adecuadas y seguras para la circulación en intersecciones y accesos a las carreteras, proliferación de obstáculos laterales, pésima gestión del derecho de vía, etc., etc.), todo esto le compete de forma exclusiva al MOPT-CONAVI

Con el propósito de ilustrar sobre los anteriores comentarios, y solamente citando un ejemplo relacionado con el tema de la importancia de la validación o simulación antes citada, respetuosamente invito a que se haga un "mini estudio de validación" que incluya únicamente la forma como en la realidad funcionan los límites de velocidad de 40km/h en carreteras como: Interamericana Norte, Interamericana Sur, San José-Limón, Limonal-Tempisque, San José-Caldera, y otras vías similares y se analice lo que sucede al aplicar la Ley de Tránsito en este caso específico.

Conviene destacar que en el caso de los límites de velocidad de 40 km/h, antes señalados, concurren situaciones como las siguientes:

1. El 100% de los conductores sobrepasan el límite establecido, sin que ello implique necesariamente poner en peligro la seguridad de las personas (caso clásico el límite de 40 km/h en los accesos al río Guacimal)

2. Conviene tener presente que ante las diferentes condiciones o situaciones que se presentan en la vía, el conductor reacciona por una alerta o fenómeno que se denomina "riesgo percibido por el conductor" y ante dichas condiciones "especiales" que se presentan en la carretera éste busca la señalización vial para adecuar su conducción ante un posible peligro o situación inesperada (propio o de otros transeúntes), conducta que también aplica cuando se requiere una drástica disminución de la velocidad, de modo que no basta con poner señales de reducción de velocidad de forma indiscriminada o antojadiza, es todo un procedimiento técnico que se debe respetar, de lo contario la señalización no logra el objetivo que persigue, y esto lo demuestra la realidad que se aprecia en las carreteras en estas regulaciones de velocidad que se han colocado, y que sirven de referente para determinar las infracciones de los conductores y para valorar “CONDUCTAS TEMERARIAS” de parte de éstos.

3. Es fundamental que los límites de velocidad cumplan condiciones como las siguientes:

a- Uniformidad: Bajo las mismas condiciones, se deben establecer los mismos límites de velocidad. Esto para no confundir a los conductores y por ende inducirles a que continuamente incumplan tales regulaciones. Esta es una debilidad importante de nuestra señalización vial

b- Fundamentación técnica. Para poner una señal de límite de velocidad se requiere un estudio técnico en el cual se fundamente, no se trata de algo antojadizo y mucho menos de complacer a algún líder comunal que solicite alguna señalización específica para su comunidad

c- Credibilidad. Si los conductores transitan por un tramo de carretera con un límite de velocidad que no tiene ningún sentido, terminan por no acatarlo, y no necesariamente de forma intencional, simplemente NO LO VEN...(recordar el concepto de riesgo percibido por el conductor)

d- Inicio y término. Cuando se coloca una señal de límite de velocidad, necesariamente se le debe indicar al conductor el tramo exacto en el que rige dicha regulación, situación que también es parte del estudio técnico que se requiere para colocar la señal

e- Perfil de velocidades de la carretera. Es muy importante no saturar una vía de constantes cambios de velocidad, el conductor simplemente NO LOGRA ATENDER A TODAS ELLAS, por más que lo intente. La solución pasa por readecuar intersecciones, regular y controlar el acceso indiscriminado a las carreteras (especialmente a las más importantes), construir vías de servicio, colocar pasos peatonales, …

f- etc.

En este caso específico de los límites de velocidad de 40 km/h, se presenta una preocupante realidad:

1- Las multas no están resolviendo el problema de los accidentes

2- El conductor se convierte en una víctima de las deficiencias del sistema vial y su señalización

3- Inspectores, ¿a lo mejor inescrupulosos?, conocedores de esta situación, cuando se ubican en estos sitios (regulaciones de velocidad con deficiencias técnicas), pueden hacer cualquier cantidad de partes, sin que ello implique un aporte a la seguridad vial, pero sí representa un evidente potencial de corrupción y "un maltrato" a los conductores

Bajo la premisa del compromiso de buscar lo mejor para el país, insto a que se analice y reflexione con objetividad en torno a esta ley de tránsito, para que se hagan todas las modificaciones que requiere, y que se complemente con las acciones que con carácter urgente debe implementar el MOPT-CONAVI en la red vial, para así enfrentar con éxito el problema de los accidentes viales, meta a la que todos los costarricenses aspiramos.

* Ingeniero, ex director del Programa de Infraestructura de Transportes del Lanamme/UCR

FUPROVI construyó viviendas a damnificadas por terremoto de Cinchona

Fuente: elpais.cr | 09/01/2010

Redacción (elpais.cr) - La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), conjuntamente con la empresa privada de Costa Rica, trabajó durante el 2009 en la construcción de viviendas para familias que perdieron todo en el terremoto de Cinchona, el 8 de enero del 2009.

La iniciativa para poner en marcha la construcción de las obras surgió a en los primeros meses del año anterior por medio de una modalidad propuesta por la Unión Costarricense de Cámara y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), y FUPROVI en la que la empresa privada podía donar recursos directamente a la Fundación para la construcción de las viviendas.

BAC-Credomatic y la Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos se unieron a la causa, indicó un boletín de prensa de FUPROVI.

Para Eloisa Ulibarri, Directora Ejecutiva de FUPROVI se ha logrado sacar la tarea, “en abril firmamos el convenio con BAC-Credomatic para la donación de recursos que hacían posible poner en pie 5 viviendas y hemos logrado más bien la construcción de 6. De igual forma el convenio con la Asociación era para construir 9 viviendas y logramos 10. Esto nos ha llevado a hacer 16 viviendas cuando en un inicio la donación era para 14, o sea que el proceso ha sido muy eficiente”.

Ulibarri aclaró que la falta de excepciones para atender los casos de emergencia fue la principal limitante para acelerar el proceso, “la tramitología exigida para poder contar con permisos de construcción es exactamente la misma que se le aplica a un caso normal, eso nos ha llevado a un camino largo pasando por todas las instancias correspondientes”.

La selección de las familias se realizó por medio de las listas de afectados facilitadas por el IMAS (Instituto Mixto de Asistencia Social) y la Comisión Nacional de Emergencias después del sismo.

Sin embargo, aclaró que los criterios de selección se basaron en apoyar a aquellas de muy bajos ingresos, que tenían menos posibilidades de ser atendidas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y contaban con un lote apto para construir.

Actualmente, 11 de las familias ya habitan sus nuevas viviendas y las 5 casas restantes están en acabados finales. El tamaño de las soluciones habitacionales es de 42 m2 y estas cumplen con los acabados y distribución básicos de una vivienda de interés social: un baño, dos cuartos, sala y comedor. En algunas viviendas se lograron acabados adicionales.

La Fundación Promotora de Vivienda cuenta con más de 22 años de experiencia en el campo de la vivienda social y el desarrollo comunitario, además, ha participado en la atención de varias emergencias a nivel nacional.

Tragedia en Cinchona: Una emergencia de necesidades

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica entregó informe

Fuente: elpais.cr | 09/01/2010

Redacción (elpais.cr) – La Defensoría de los Habitantes recriminó algunas acciones del Gobierno de Costa Rica en la atención de la tragedia causada por el llamado Terremoto de Cinchona, ocurrido el 8 de enero del año anterior.

El siguiente es el documento completo enviado por la entidad a este medio:

A un año de acontecido el Terremoto de Cinchona, la Defensoría de los Habitantes considera necesario hacer un pronunciamiento de lo que ha sido la respuesta institucional a las necesidades de las y los afectados por la emergencia vivida. Desde el inicio de la emergencia y hasta la actualidad, La Defensoría ha dado seguimiento a cada una de las acciones emprendidas por las instituciones estatales en la atención de las necesidades de las personas afectadas.

El Terremoto de Cinchona puso a prueba el sistema nacional de gestión del riesgo con que cuenta el país, poniendo al descubierto las fortalezas y debilidades en cada una de las fases que componen la atención de una emergencia a saber: Desde la primera respuesta, la rehabilitación de servicios básicos para las y los pobladores, hasta la adecuada reconstrucción de los lugares y de las propias vidas de las personas afectadas.

Si bien es cierto, se reconoce el esfuerzo que el país ha realizado para lograr un avance significativo en el establecimiento y funcionamiento efectivo de dicho sistema, es claro que las particularidades de las emergencias que enfrenta Costa Rica (inundaciones, sismos, actividad volcánica, entre otras), ponen diariamente a prueba dicho sistema, e invita irremediablemente a su revisión, todo en aras de procurar su mejoramiento.

Así, en el caso Cinchona, el país demostró una reconocida capacidad de respuesta al primer impacto generado por la emergencia, que acompañado por la tradicional solidaridad del pueblo costarricense permitió evacuar a gran parte de las y los pobladores del lugar, asegurando su integridad.

Con posterioridad iniciaron las obras de rehabilitación, que en sus fases más complejas se encuentran en proceso aún, tales como la infraestructura vial y las obras de reconstrucción, especialmente en el tema de vivienda e infraestructura educativa.

La Defensoría llama la atención sobre los siguientes aspectos en las distintas fases de atención del evento:

Retraso en la elaboración y depuración de listas de personas afectadas, lo cual se constituyó en un requisito para que el accionar asistencial del Estado se pusiera en marcha, debido a problemas de coordinación interinstitucional y ausencia de procedimientos claros.

La falta de comités locales de emergencia con la debida capacitación, o la ausencia definitiva de los mismos, sumado al desconocimiento o a la ausencia de protocolos para la atención de emergencia de gran magnitud como la vivida, tuvo un efecto directo en el manejo de los albergues temporales, provocando desorden en la distribución de los recursos, confusión o ausencia en la información y duplicación de esfuerzos.

Se evidenció dificultad en el acceso fluido de la información por parte de la población afectada sobre el accionar del Estado y sus instituciones, hecho que provocó mayor angustia en la ya difícil situación de las familias.

En materia de infraestructura educativa se reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación para solucionar, de manera temporal, los problemas que impedían el inicio del año lectivo 2009 en los ocho centros educativos afectados por el terremoto, sin embargo esta Defensoría ha entregado un informe final con recomendaciones al Ministerio de Educación con solicitudes formales que garanticen el acceso al curso lectivo del 2010 con condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa de los distintos centros.

De acuerdo al estado de situación actual, todo pareciera indicar que en inicio del ciclo lectivo del 2010 las escuelas de Lagunilla, Fraijanes, Carrizal de Pavas y Varablanca se llevará a cabo en establecimientos temporales con las mejoras mínimas correspondientes. La Defensoría ha recibido únicamente respuesta verbal por parte de autoridades del MEP donde aseguran que se encuentra solventando técnicamente las dificultades para contar con establecimientos definitivos.

En el tema de dotación de una vivienda digna a las personas afectadas, ha quedado claro que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no tiene previsto procedimientos expeditos para casos como el acaecido, resolviendo la mayoría de las situaciones de emergencia con sus procedimientos ordinarios. Pese a ello, la Defensoría reconoce el esfuerzo importante que se ha realizado y que permitirá en los próximos días que se coloquen las primeras piedras de los proyectos habitacionales que albergarán parte de las familias afectadas. Al respecto, la Defensoría está brindando un puntual seguimiento al avance en las propuestas presentadas, así como a la atención de los requerimientos formulados por las familias afectadas.

No obstante lo anterior, la atención definitiva del tema de vivienda dista mucho de estar resuelta en un corto plazo, siendo que las necesidades planteadas han superado las previsiones institucionales de respuesta. Preocupa a la Defensoría la situación de las personas afectadas que no han podido ser incluidas en los proyectos coordinados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y que, como se había indicado, serían atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias de las que esta Institución no ha podido obtener información del avance de su situación y exhorta a la Comisión a que rinda dichos datos a la mayor brevedad posible.

Uno de los temas prioritarios es el dar seguimiento a la reconstrucción y reposición de obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra. En este particular, la Defensoría ha notado con preocupación que en los últimos meses del año 2009 se paralizaron las obras, sin haber concluido la rehabilitación de las vías públicas, ni haber brindado información a las comunidades sobre la planificación institucional para garantizar la apertura de la carretera a Sarapiquí, que tiene un efecto directo en la situación económica del sector productivo de la zona.

De igual manera, es deber de la Defensoría plantear su preocupación respecto al impacto ambiental que pueda estar generando el depósito de escombros en la remoción de tierras para la rehabilitación de la carretera que va hacia Los Cartagos y hacia San Rafael de Vara Blanca, en los ríos cercanos. En ese sentido, conviene analizar las consecuencias del daño ambiental en los cauces de dichos ríos y más aún, las posibles inundaciones o avalanchas de lodo que se podrían generar. Por lo anterior se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes informar sobre lo actuado en este campo. De igual forma, conviene se valore la necesidad de realizar una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los eventuales daños ambientales causados.

De la misma manera la Defensoría ha sido informada que las terrazas realizadas no tienen una adecuada canalización de las aguas por lo que se han identificado terrazas saturadas con problemas de deslizamiento, sobre este punto, también se ha solicitado informar cuál es el plan de trabajo definido para evitar que la vía de Vara Blanca a los Cartagos no se convierta en un área de constantes cierres de carreteras producto de los deslizamientos provocados por la inadecuada canalización de las aguas.

La prevención frente a las emergencias como la vivida en Cinchona, constituye uno de los instrumentos más eficientes y efectivos para lograr la adecuada atención de los desastres naturales. Esta Institución en sus informes, así como la Contraloría General de la República, han señalado que ha sido la falta de prevención uno de los aspectos que impactan negativamente en el sistema nacional para la atención de las emergencias.

La Defensoría considera que la prevención permanente sigue siendo la fase que mayor atención requiere como un proceso continuo y coordinado que involucra a las comunidades y al Sistema Nacional de Riesgo, el cual, como indicamos, debe fortalecerse e implementarse en cada una de las comunidades del país de manera prioritaria.

Para más detalles se puede consultar el Informe Anual de Labores del período 2008-2009, donde se analizó las condiciones generales de vulnerabilidad de Costa Rica desde la atención de desastres naturales, así como los informes puntuales sobre el terremoto de Cinchona en materia de vivienda y educación.

El tiempo pasa, las necesidades no esperan y el Estado entra en una morosidad en la protección de algunos de los derechos humanos de las personas afectadas por el terremoto de Cinchona, fundamentalmente en derechos tan importantes como el derecho a una vivienda digna, educación y seguridad humana.

(*) Oficina de Prensa, Defensoría de los Habitantes

Viernes 8 de enero del 2010

Pronunciamiento de la Defensoría a un año de la tragedia en Cinchona: Una emergencia de necesidades

Pronunciamiento de la Defensoría
a un año de la tragedia en Cinchona:
Una emergencia de necesidades

A un año de acontecido el Terremoto de Cinchona, la Defensoría de los Habitantes considera necesario hacer un pronunciamiento de lo que ha sido la respuesta institucional a las necesidades de las y los afectados por la emergencia vivida. Desde el inicio de la emergencia y hasta la actualidad, La Defensoría ha dado seguimiento a cada una de las acciones emprendidas por las instituciones estatales en la atención de las necesidades de las personas afectadas.

El Terremoto de Cinchona puso a prueba el sistema nacional de gestión del riesgo con que cuenta el país, poniendo al descubierto las fortalezas y debilidades en cada una de las fases que componen la atención de una emergencia a saber: Desde la primera respuesta, la rehabilitación de servicios básicos para las y los pobladores, hasta la adecuada reconstrucción de los lugares y de las propias vidas de las personas afectadas.

Si bien es cierto, se reconoce el esfuerzo que el país ha realizado para lograr un avance significativo en el establecimiento y funcionamiento efectivo de dicho sistema, es claro que las particularidades de las emergencias que enfrenta Costa Rica (inundaciones, sismos, actividad volcánica, entre otras), ponen diariamente a prueba dicho sistema, e invita irremediablemente a su revisión, todo en aras de procurar su mejoramiento.

Así, en el caso Cinchona, el país demostró una reconocida capacidad de respuesta al primer impacto generado por la emergencia, que acompañado por la tradicional solidaridad del pueblo costarricense permitió evacuar a gran parte de las y los pobladores del lugar, asegurando su integridad.

Con posterioridad iniciaron las obras de rehabilitación, que en sus fases más complejas se encuentran en proceso aún, tales como la infraestructura vial y las obras de reconstrucción, especialmente en el tema de vivienda e infraestructura educativa.

La Defensoría llama la atención sobre los siguientes aspectos en las distintas fases de atención del evento:

1- Retraso en la elaboración y depuración de listas de personas afectadas, lo cual se constituyó en un requisito para que el accionar asistencial del Estado se pusiera en marcha, debido a problemas de coordinación interinstitucional y ausencia de procedimientos claros.

2- La falta de comités locales de emergencia con la debida capacitación, o la ausencia definitiva de los mismos, sumado al desconocimiento o a la ausencia de protocolos para la atención de emergencia de gran magnitud como la vivida, tuvo un efecto directo en el manejo de los albergues temporales, provocando desorden en la distribución de los recursos, confusión o ausencia en la información y duplicación de esfuerzos.

3- Se evidenció dificultad en el acceso fluido de la información por parte de la población afectada sobre el accionar del Estado y sus instituciones, hecho que provocó mayor angustia en la ya difícil situación de las familias.

4- En materia de infraestructura educativa se reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación para solucionar, de manera temporal, los problemas que impedían el inicio del año lectivo 2009 en los ocho centros educativos afectados por el terremoto, sin embargo esta Defensoría ha entregado un informe final con recomendaciones al Ministerio de Educación con solicitudes formales que garanticen el acceso al curso lectivo del 2010 con condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa de los distintos centros.

De acuerdo al estado de situación actual, todo pareciera indicar que en inicio del ciclo lectivo del 2010 las escuelas de Lagunilla, Fraijanes, Carrizal de Pavas y Varablanca se llevará a cabo en establecimientos temporales con las mejoras mínimas correspondientes. La Defensoría ha recibido únicamente respuesta verbal por parte de autoridades del MEP donde aseguran que se encuentra solventando técnicamente las dificultades para contar con establecimientos definitivos.

5- En el tema de dotación de una vivienda digna a las personas afectadas, ha quedado claro que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no tiene previsto procedimientos expeditos para casos como el acaecido, resolviendo la mayoría de las situaciones de emergencia con sus procedimientos ordinarios. Pese a ello, la Defensoría reconoce el esfuerzo importante que se ha realizado y que permitirá en los próximos días que se coloquen las primeras piedras de los proyectos habitacionales que albergarán parte de las familias afectadas. Al respecto, la Defensoría está brindando un puntual seguimiento al avance en las propuestas presentadas, así como a la atención de los requerimientos formulados por las familias afectadas.

No obstante lo anterior, la atención definitiva del tema de vivienda dista mucho de estar resuelta en un corto plazo, siendo que las necesidades planteadas han superado las previsiones institucionales de respuesta.

Preocupa a la Defensoría la situación de las personas afectadas que no han podido ser incluidas en los proyectos coordinados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y que, como se había indicado, serían atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias de las que esta Institución no ha podido obtener información del avance de su situación y exhorta a la Comisión a que rinda dichos datos a la mayor brevedad posible.

6- Uno de los temas prioritarios es el dar seguimiento a la reconstrucción y reposición de obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra. En este particular, la Defensoría ha notado con preocupación que en los últimos meses del año 2009 se paralizaron las obras, sin haber concluido la rehabilitación de las vías públicas, ni haber brindado información a las comunidades sobre la planificación institucional para garantizar la apertura de la carretera a Sarapiquí, que tiene un efecto directo en la situación económica del sector productivo de la zona.

7- De igual manera, es deber de la Defensoría plantear su preocupación respecto al impacto ambiental que pueda estar generando el depósito de escombros en la remoción de tierras para la rehabilitación de la carretera que va hacia Los Cartagos y hacia San Rafael de Vara Blanca, en los ríos cercanos. En ese sentido, conviene analizar las consecuencias del daño ambiental en los cauces de dichos ríos y más aún, las posibles inundaciones o avalanchas de lodo que se podrían generar. Por lo anterior se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes informar sobre lo actuado en este campo. De igual forma, conviene se valore la necesidad de realizar una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los eventuales daños ambientales causados.

De la misma manera la Defensoría ha sido informada que las terrazas realizadas no tienen una adecuada canalización de las aguas por lo que se han identificado terrazas saturadas con problemas de deslizamiento, sobre este punto, también se ha solicitado informar cuál es el plan de trabajo definido para evitar que la vía de Vara Blanca a los Cartagos no se convierta en un rea de constantes cierres de carreteras producto de los deslizamientos provocados por la inadecuada canalización de las aguas.

La prevención frente a las emergencias como la vivida en Cinchona, constituye uno de los instrumentos más eficientes y efectivos para lograr la adecuada atención de los desastres naturales. Esta Institución en sus informes, así como la Contraloría General de la República, han señalado que ha sido la falta de prevención uno de los aspectos que impactan negativamente en el sistema nacional para la atención de las emergencias.

La Defensoría considera que la prevención permanente sigue siendo la fase que mayor atención requiere como un proceso continuo y coordinado que involucra a las comunidades y al Sistema Nacional de Riesgo, el cual, como indicamos, debe fortalecerse e implementarse en cada una de las comunidades del país de manera prioritaria.

Para más detalles se puede consultar el Informe Anual de Labores del período 2008-2009, donde se analizó las condiciones generales de vulnerabilidad de Costa Rica desde la atención de desastres naturales, así como los informes puntuales sobre el terremoto de Cinchona en materia de vivienda y educación.

El tiempo pasa, las necesidades no esperan y el Estado entra en una morosidad en la protección de algunos de los derechos humanos de las personas afectadas por el terremoto de Cinchona, fundamentalmente en derechos tan importantes como el derecho a una vivienda digna, educación y seguridad humana.

Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes
Viernes 8 de enero del 2010

A un año del Terremoto de Cinchona

/PAÍS

Diseño y montaje: Juan Pablo Carranza